La juez aplaza hasta noviembre las declaraciones por el 'caso Hulla'

Las citaciones a los afectados no han sido notificadas con suficiente antelación

La juez del 'caso Hulla' ha aplazado hasta el mes de noviembre la toma de declaraciones a los concejales que formaban parte de la corporación de Aller, entre 2008 y 2010, previstas para la próxima semana, ante la premura de tiempo para notificar las citaciones para comparecer en sede judicial y ha denegado la tramitación de la causa en pieza separada.

En una providencia, fechada el pasado miércoles, día 4, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo / Uviéu expone que no han podido ser notificadas las citaciones a los afectados con la suficiente antelación.

A esta circunstancia, que se amparaba en una circular del Secretario de la Administración de Justicia relativa a la forma de efectuar las notificaciones telemáticas, se suma que los afectados no tuvieron conocimiento, hasta el pasado lunes día 2, de que habían sido citados para los días 10, 11 y 12 de septiembre.

Por ello, la magistrada ha reservado los días 11,12 y 13 de noviembre para las nuevas comparecencias, en las que se tomará declaración a dieciséis personas en calidad de investigados, siete testigos y tres peritos.

Asimismo, ha dictado un auto por el que deniega la tramitación en pieza separada de las actuaciones que seguía el Juzgado de Instrucción número 2 de La Pola, que se han acumulado a las que investiga el juzgado de Oviedo.

La Fiscalía Anticorrupción inició esta investigación después de que el exlíder del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico de Felechosa (Aller).

La investigación se extiende a una corporación que estaba integrada por siete concejales del PSOE -que gobernaba el Ayuntamiento-, otros siete del PP, así como otros tres concejales con que contaba IU, por la aprobación de la cesión de los terrenos para construir el geriátrico.

En una providencia, dictada el pasado 7 de agosto, la magistrada solicitó que se recabara de la Junta General del Principado una certificación del nombramiento y toma de posesión como diputada de María Teresa Mallada que ejercía de portavoz municipal en Aller entre 2008 y 2010 para saber si tiene la condición de aforada.

Tras su petición, el abogado del exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, ha solicitado a la juez que, dado que Mallada es diputada y por tanto aforada, se eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para que este órgano asuma la competencia.