La jueza prohíbe al Montepío disponer de la Residencia de Felechosa y la finca en la que está construida.
La magistrada, Begoña Fernández, considera que hay indicios de la fraudelanta percepción, por parte del Montepío, de los fondos públicos derivados de la subvención a la Residencia y que, ante su posible responsabilidad civil, es necesario adoptar esta medida cautelar como garantía del posible resarcimiento del perjuicio causado.
Desde la mutualidad minera, su presidente Juan José Pulgar, resta importancia a la medida. Considera que es un procedimiento habitual e insiste en que no afecta al funcionamiento del geriátrico.
En declaraciones a TPA, Pulgar recalca que no está entre los planes del Montepío la venta de Patrimonio.
El interventor del IRMC declarará como perito
Antonio Merino, el que fuera interventor del Instituto de Reestructuración de las comarcas mineras, declarará como perito testigo en el marco de la investigación por la operación Hulla.
La Fiscalía había solicitado su testimonio para desentrañar los motivos que llevaron al Instituto a realizar modificaciones de la norma y certificaciones que permitieron la construcción del geriátrico.
Anticorrupción sitúa al entonces gerente de ese instituto en una posición nuclear en la subvención al Montepío.
En un auto judicial, la magistrada anuncia nuevas declaraciones. Entre ellas, la de la única investigada que todavía no ha prestado testimonio ante la jueza, la socia de Postigo en la empresa de limpieza para las residencias de Almería y Murcia.
Declaraciones sin fecha porque, entre otras cosas, apunta hay anunciada una huelga en el sector de la justicia para el 2 de octubre.
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