Las defensas piden la nulidad de las escuchas en la red de trata del clan Sandulache

Los letrados solicitan la libre absolución

Las defensas de los cuatro acusados de pertenecer a una organización de trata de seres humanos, liderada supuestamente por los hermanos Sandulache, han solicitado la libre absolución frente a las penas de hasta 128 años de cárcel que solicitan las acusaciones y han pedido la nulidad de las escuchas.

El abogado Ricardo Álvarez-Buylla, que defiende al considerado como principal cabecilla, Cristian Sandulache, ha interesado de forma alternativa que, en el caso de no ser absuelto, se le condene únicamente por un delito de prostitución.

Las defensas han negado de forma categórica que sus representados incurrieran en un delito de trata de seres humanos y de blanqueo de capitales, como mantienen las acusaciones.

Los letrados cuestionan las transcripciones de las conversaciones y mensajes intervenidos a los acusados porque estiman que no se recogen los diálogos "literales" sino sólo una interpretación "personal y resumida" realizada por la intérprete, lo que, en su opinión, les provoca "indefensión".

En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial se sentaron inicialmente seis personas: cuatro hombres y dos mujeres que vigilaban a las víctimas pero, en el transcurso de la vista oral que lleva ya ocho jornadas de sesiones, las acusaciones retiraron los cargos contra éstas.

Estas dos acusadas, que también eran imputadas por los mismos hechos, han sido absueltas después de que las acusaciones consideraran que ambas eran también víctimas de la red de trata de seres humanos que actuó en Asturias entre los años 2011 y 2013.

La Fiscalía solicita para los acusados penas de hasta 128 años por la supuesta comisión de delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, lesiones graves y blanqueo de capitales por los que llegaron a obtener un beneficio de 1,7 millones de euros.

La acusación relata que el grupo criminal estaba dirigido por los hermanos Christian y Sebastián Sandulache, quienes se aprovechaban de la precaria situación económica que las mujeres tenían en Rumanía para ofrecerles trabajo en España y fingían que iniciaban con ellas una relación sentimental.

Una vez en España, la red les obligaba "con violencia física y psíquica" a ejercer actividades de alterne y prostitución en distintos locales, entre otros, en los clubes Delpho's y Model's.

Las acusaciones mantienen que las mujeres eran obligadas a entregar íntegramente los beneficios obtenidos con la prostitución a los acusados, que se cifraban en torno a los 2.500 euros semanales, aunque a ellas les daban entre 200 y 300 euros para gastos personales.

Las mujeres eran vigiladas constantemente en todos sus movimientos y para mantener el clima de temor e impedir que pudieran huir las amenazaban personalmente de muerte, incluso con objetos cortantes como espadas o katanas así como con causar daño a sus familias en Rumanía.

El juicio se reanudará el próximo miércoles, día 7 de noviembre, a las 10:00 en la Audiencia Provincial de Oviedo.