Los abogados de Igrafo y Renedo cargan contra el Principado

Acusan al Gobierno regional de "obstrucción a la justicia"

El abogado de Marta Renedo, una de las trece acusadas en caso Renedo, ha pedido hoy la apertura de una investigación por "obstrucción a la justicia" por parte del Principado, ya que "o no se han mandado, o se han destruido o los han robado" unos expedientes por los que a su defendida se piden "muchos años de cárcel".

José Carlos García, letrado de Marta Renedo, así lo ha planteado esta mañana al elevar las conclusiones definitivas sobre su defendida, en la vista oral del mayor juicio por corrupción en la Administración regional, en el que la Fiscalía pide penas que suman 57 años para los siete principales procesados.

Ha manifestado que el Principado tendrá que justificar las causas por las que "no quiere" que Renedo le devuelva las cuantías económicas que pretendía reingresar, y ha revelado que es la "primera vez que una administración pública no quiere que se le devuelva el dinero".

También ha llamado la atención ante la decisión del Principado de "preferir perder" el piso intervenido a Renedo, un inmueble valorado en 420.000 euros ubicado en la calle Cimadevilla que contaba con cargas previas, que finalmente fueron ejecutadas.

En su exposición ha enfatizado que considera una "vergüenza" lo que ha hecho el Principado y la acusación ejercida por Podemos, a los que ha responsabilizado de "comernos" cuatro meses de juicio por "conveniencias políticas y peleas internas", algo que "solo ocurre en una dictadura".

García, que ha admitido el delito de "cohecho impropio" por parte de su defendida, de la que no ha podio demostrar algunos ingresos, si bien "no se ha demostrado que alguien recibiera nada a cambio; es un regalo y punto"

Ha negado que Renedo usurpara la identidad de otras personas para abrir cuentas bancarias que atribuye al Principado para sus "manejos, desvíos y regalitos".

En cuanto a las grabaciones telefónicas relativas a Renedo y el que era entonces su abogado, Luis Tuero, ha señalado que no se puede aislar "quirúrgicamente" parte de las escuchas del procedimiento, que ya estaba contaminado.

Asimismo, ha señalado el perjuicio causado a su representada al impedirle seguir adelante con la estrategia de defensa sobre la prueba pericial médica, desvelada en la conversación grabada con su abogada.

"Anotaciones a mano" y "copias modificadas" que no coinciden con los documentos originales en algunos expedientes remitidos por el Principado han llevado a José Carlos García a solicitar la apertura de una investigación a raíz del caso, en el que ha acusado a la funcionaria Pilar Sánchez Vicente de "aportar documentación maliciosamente".

El letrado ha citado como relevante la declaración del jefe de grupo policial que ha testificado que no podía "acreditar" que Renedo manejara las cuentas de Severina Blanco, la mujer fallecida a la que supuestamente suplantó su identidad para abrir cuentas bancarias.

"Parece que aquí todo lo ha hecho Renedo", ha afirmado el abogado de la exfuncionaria, que ha concluido: "Regalos aquí los recibía todo el mundo".

Igrafo irá al Supremo si es condenado

El letrado de Víctor Manuel Muñiz, socio de la empresa Igrafo para el que la Fiscalía pide una pena de 9 años de cárcel en el caso Renedo, ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo si se produce una sentencia condenatoria, para que se repita el juicio con "todas las garantías".

Miguel Valdés-Hevia, abogado de Muñiz, ha denunciado que su representado ha sufrido "vulneración de derechos fundamentales".

En su opinión, la administración debería de "contribuir" a que se esclarezca la verdad, en cuya línea ha expresado su deseo de que "se aclare" el expediente sobre el equipamiento "sin contrato" de la biblioteca de El Fontán, por 800.000 euros de cuantía.

Ha incidido en el "gran descontrol" existente en el modo de funcionamiento del Principado en cuanto al material y equipamientos entregado a centros educativos, y ha abundado en la descripción de un escenario con ausencia de inventario de bienes, lo que hace que "así no se puede sostener" una administración.

Valdés-Hevia ha equiparado a Igrafo y Almacenes Pumarín como empresas "preeminentes" en la venta a todas las administraciones públicas "siempre bajo el régimen de homologación", lo que entiende que acredita .

Por otra parte, ha advertido de las consecuencias "muy relevantes" y del "calado enorme" de las modificaciones del escrito presentado por el Ministerio Público, al que en referencia al caso del Centro Cultural de Bimenes ha reprochado que planteó en la fase preliminar que no se sirvió el material, mientras que en las conclusiones definitivas sostuvo que no se sirvió, aunque se abonó el dinero por el mismo.

Valdés-Hevia, que ha pedido la absolución de Víctor Manuel Muñiz, ha discrepado sobre las "desproporción absoluta" en la petición de penas reclamadas.

El Gobierno regional mantiene las peticiones de pena  

Por su parte, el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha evitado pronunciarse sobre las conclusiones que defensas y acusaciones elevan estos días en el macrojuicio por el 'caso Renedo', si bien ha resaltado que como acusación particular no ha reducido ni un día ni un euro las penas solicitadas para los principales acusados.

"La abogada del Principado fue clara y contundente", ha señalado el consejero de Presidencia en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en referencia a los 57 años de pena que ha pedido, los mismos que el fiscal, para siete de los trece procesados.

La letrada del Principado, Isabel González, reclamó el lunes una sentencia "condenatoria y dura" para los acusados y defendió la actuación de los trabajadores de la administración autonómica al asegurar que el que se está juzgando es un hecho aislado.

Martínez ha resaltado la defensa que la letrada hizo de los miles de empleados de la administración pública y ha recordado que mantuvo las penas, incluida la de diez años y medio que pide para el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

"El Gobierno a través de sus servicios jurídicos no pide ni un día menos de pena para los acusados ni ha renunciado durante este tiempo a ninguna cantidad de las reclamadas", ha subrayado.

El Principado pide para la ex directora de Educación, María Jesús Otero 11 años y medio, para Riopedre 10 años y medio, y para la ex funcionaria Marta Renedo, 10 años, mientras que para los gerentes de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, pide sendas penas de 9 años de cárcel.

Para Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, reclama 4 años y otros tres para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

Martínez ha recordado también que la administración asturiana no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo, ni individual ni mancomunado, con los acusados y que el Gobierno no tiene nada que ocultar sobre este caso.