Los empresarios de Almacenes Pumarín e Igrafo niegan haber recibido tratos de favor

Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz han leído hoy un escrito y han declinado responder a preguntas de los diputados durante su comparecencia en la comisión del 'caso Renedo', y han coincidido en que "especialización" y "capacitación" son las razones por las que sus empresas, Almacenes Pumarín e Igrafo, fueran las más contratadas por la Administración.

Ambos han proclamado en su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias su inocencia, han lamentado haber sido juzgados socialmente y han reiterado que en sus actuaciones se han adaptado al modo de contratar que estipulan las administraciones, con las que han trabajado, gobernadas por distintos "colores políticos".

Carlos Suárez ha afirmado que no tiene "duda" de que finalmente será probada su "inocencia", ya que si bien ha admitido que ha podido "cometer errores, ¿quién no lo hace?", ha reiterado que se ha ajustado a los procesos de contratación establecidos y "habituales".

"Quien calla no otorga", ha aseverado en relación al tiempo en el que ha permanecido "soportando estoicamente" versiones en las que no se respeta su "presunción de inocencia" y en el que ha pasado a estar desvinculado de la actividad empresarial de Almacenes Pumarín SA (APSA), que ha cambiado su denominación social.

Respecto al crecimiento experimentado por APSA desde 1987 a 2010 ha argumentado el incremento "gradual", acorde a sus inversiones, que le ha llevado a contar con una plantilla de 130 empleados, con una fuerte "implicación social".

Su patrimonio, ha dicho, es "muy diferente" al que se ha publicado, y ha afirmado que la práctica de los regalos realizados en Navidad a los clientes era una dinámica "habitual en el mundo de los negocios" para premiar la "confianza" de los clientes.

En relación al catálogo de productos homologados, ha indicado que su empresa ha sido la que "más homologó", y ha agregado que en el caso de los contratos menores, sobre los que se ha dicho que son un "coladero", las empresas que los suscriben se "adaptan al cauce legal".

Sánchez ha enmarcado la capacidad de su empresa para atender necesidades de la Administración como uno de los factores determinantes para su sucesiva contratación, y ha destacado la deuda soportada, que en algunos ejercicios con facturaciones de 20 y 24 millones de euros ha llegado a alcanzar los 10 y 12 millones.

Según ha comentado, "a veces se tardaba 4 ó 5 años en cobrar porque el dinero se destinaba a otra cosa" y ha animado a los políticos a que "legislen y cambien" si "el sistema es deficiente y genera grietas".

Ha dicho que APSA "obviamente no ha regalado ningún vehículo", ha alabado el "ímprobo esfuerzo" realizado por su empresa para mantener la actividad y el empleo de los trabajadores, ha pedido que no se busque "rédito político" y ha confesado encontrarse en ruina "económica, moral y personal".

Víctor Manuel Muñiz ha subrayado que su entidad "nunca ha recibido trato de favor" y que ya era "contratado" antes de que surgiera los asuntos investigados en el 'caso Renedo'.

Igrafo, nacida en enero de 1973, cuenta con una "larga trayectoria marcada por el trabajo y un contante esfuerzo de inversión", que le ha permitido generar 80 puestos de trabajo, atender más de 3.000 clientes y manejar más de 22.000 productos en tiempos de entrega de menos de 24 horas.

Muñiz ha explicado que su empresa accedía a la adjudicación de los contratos tras superar el concurso "más exigente" que existe en España y que sobre productos homologados para equipamiento escolar Igrafo y Pumarín agrupaban el 80 por ciento del personal que trabaja en el sector, por lo que entiende que fueran las elegidas por "especialización" y "capacidad".

Según ha precisado, Almacenes Pumarín disponía de más de 2.000 productos homologados, Igrafo superaba los 1.300 y El Corte Inglés medio millar. "Igrafo era líder en tiempo de atención y contaba además con 6 millones en pólizas de crédito que le permitían soportar tiempos de pago en algunos casos hasta de 10 años".

"Igrafo ha funcionado como un banco para muchas administraciones con la diferencia de que no cobraba intereses", ha aseverado Muñiz, quien también ha advertido de que "admitía cambios, algo que no todas las empresas querían o podían asumir".

En su escrito, incluía que "solo" le queda la "media satisfacción" de haber liquidado a los trabajadores tras 39 años de trabajo y servicio a las administraciones "echados por tierra en pocos meses", y si bien confía en una respuesta, que será "tardía" ante los que considera ya "daños irreparables".

Ve una "injusta criminalización" de determinadas prácticas, "arraigadas de toda la vida y comunes en todas las administraciones gobierne quien las gobierne".