La Audiencia Nacional ha dictado una providencia por la que cita a declarar como imputados al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y del exdirector de la terminal, José Luis Díaz Rato, por las obras de ampliación del puerto.
El magistrado Javier Gómez Bermúdez atiende así la petición del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN), grupo afín a Podemos y que dirige jurídicamente la abogada y candidata de Somos a la Alcaldía de Oviedo, Ana Taboada, dentro de la investigación abierta sobre posibles irregularidades en las obras de ampliación del puerto.
En rueda de prensa, Taboada, acompañada del secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, y del cabeza de lista de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, han informado de que el OCAN solicitará también la declaración como testigos en el proceso judicial por el sobrecoste de las obras del exdelegado del Gobierno Antonio Trevín y de los dirigentes de la patronal del transporte Ovidio de la Roza y Enrique Riaño.
La providencia dictada por la Audiencia Nacional, que abrió la investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude de la UE (Olaf), también pide la declaración en calidad de testigos de nueve personas intervinientes como gerentes de la adjudicataria de las obras, la UTE Dique Torres, ha explicado Taboada.
Taboada ha subrayado que Gómez Bermudez requiere a la UTE que en el plazo de 15 días aporte al juzgado la totalidad de los informes mensuales emitidos sobre el control de las obras, con el apercibimiento de que si no se presenta dicha documentación en el plazo citado podría incurrir en desobediencia grave.
Asimismo, ha recordado que los presidentes de la patronal Asetra, Ovidio de la Roza, y su homólogo en Cesintra en aquel periodo, Enrique Riaño, manifestaron que tantos los responsables de la Autoridad Portuaria como de la UTE Dique Torres les habían pedido que fueran "tolerantes" con los pesos de carga que transportaban los camiones.
Para esclarecer el alcance de esos hechos, la OCAN pedirá la comparecencia como testigos en la causa de De la Roza y Riaño, así como del entonces delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, actual diputado nacional del PSOE.
A Trevín le piden que responda sobre la tramitación que, en su caso, realizó la Delegación del Gobierno ante las denuncias planteadas ante la Guardia Civil.
Las obras, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005 y que alcanzaron un coste de 800 millones, se financiaron en parte con fondos europeos.
Tras el informe de la OLAF, la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.
Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.
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