Los fiscales calculan penas muy elevadas en el caso Hulla

José Antonio Postigo comparece para firmar en los juzgados

El que fuera presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, ha comparecido esta mañana en los juzgados.

Tiene la obligación de hacerlo el día 1 y el 15 de cada mes, después de que la jueza acordara dejarle en libertad provisional siempre y cuando pase por el juzgado dos días al mes para firmar.

Junto a él, hoy también han estado en el juzgado el constructor del geriátrico, el exasesor fiscal del Montepío y el arquitecto, las cuatro personas que fueron detenidas por la Operación Hulla.

La Fiscalía Anticorrupción calcula que el exasesor fiscal del Montepío de la Minería se expone a penas que podrían rondar los 40 años de prisión. Se lo comunicaron durante el interrogatorio tras su detención y poco antes de pedir para él una fianza de 400.000 euros.

A José Antonio Postigo y al constructor de la residencia de Felechosa los fiscales, Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa, les anunciaron que les pedirían varios años de cárcel. Para ambos solicitaron una fianza de un millón de euros, rechazada luego por la jueza, por considerar que hay riesgo de fuga y que no ha aflorado gran parte del dinero defraudado, entre 15 y 20 millones.

A Postigo los fiscales le achacan ser fiel hedero de Villa, no solo en lo delictivo sino también en lo personal. Aseguran que muchos de los testigos les han demostrado el temor que le siguen teniendo. También le recriminaron su desfachatez, por vivir rodeado de un lujo, que a su jucio, ningún minero se podría permitir jamás. Lo mismo que en el caso del constructor, del que dijeron que los signos de riqueza eran llamativos y ostentosos.

La defensa de Juan Antonio Fernández criticó la criminalización excesiva que de su cliente hicieron los fiscales y atribuyó la situación de su defendido a una enemistad personal entre él y el actual presidente del Montepío, Juan José Pulgar.

El letrado llegó a asegurar que la actuación de éste obligaría a la mutualidad a devolver los 31 millones de fondos públicos que recibió del Instituto del carbón para construir el geriátrico.