La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Asturias cifra en 117 los concursos de acreedores registrados el año pasado, casi un 40% menos que en 2015 y un número muy inferior a los que se alcanzaron durante la crisis, donde una sola sala de lo mercantil, de las tres que hay en Asturias, podía recibir 200 casos al año.
Desde 2015, a través de la llamada Ley de Segunda Oportunidad, las personas físicas, que no son titulares de empresas, también pueden acogerse a un concurso de acreedores, aunque lo hacen muy pocas. Apenas 11 en 2016, según el Instituto Nacional de Estadística.
Esta solución jurídica puede liberar a un particular de sus deudas salvo las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero una declaración de insolvencia conlleva también deshacerse de todos los bienes.
Según la Fundación Nagel, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social por sobreendeudamiento, en España hay unos 900 procedimientos concursales de personas físicas al año mientras en países como Alemania superan los 100.000.
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