Otero favoreció a las empresas con el conocimiento de Riopedre

La AP da lectura a la sentencia que ve imposible cuantificar el perjuicio económico

El ex consejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos, María Jesús Otero, favorecieron adjudicaciones a las empresas acusadas en el caso Marea aunque la sentencia mantiene la duda razonable de que el primero estuviera al corriente del método usado por su directora general.

Según el relato de hechos probados al que hoy ha dado lectura el magistrado ponente de la sentencia, Francisco Javier Rodríguez, Otero, condenada a nueve años y medio de prisión, y Riopedre, condenado a seis años, actuaron así en beneficio de las compañías de los empresarios procesados con contratos correspondientes en muchos casos a productos homologados y negociados sin publicidad.

A juicio del tribunal, esta actuación requirió que dos de los empresarios condenados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de APSA- contaran cuando menos con la colaboración de Otero dadas las amplias competencias que le daba su cargo como directora general de Planificación de la Consejería de Educación.

El tribunal considera probado que Otero recibió por esta vía en forma de regalos y servicios algo más de un millón de euros de Igrafo y otros 800.000 de Almacenes Pumarin y advierte de que, dado el sistema utilizado, ha sido imposible hasta el momento determinar el perjuicio ocasionado a la administración autonómica.

Aunque la sentencia señala que Otero controlaba "todo" el proceso de contratación y a cambio recibió dádivas de las empresas y contó con el conocimiento y la aquiescencia del consejero para favorecerlas, el tribunal mantiene "la duda razonable" de que Riopedre estuviera "al corriente" de las prácticas de su número dos con sus propietarios, condenados a seis años y medio de prisión.

La sentencia, que será notificada mañana a las partes, sí considera que el ex consejero convino con Otero y con Muñiz el encargo de estudios para la implantación de sistemas geotérmicos de calefacción para varios centros educativos de la región.

Tras realizar un fraccionamiento de los contratos para evitar su licitación pública y adjudicarlos a Nora Proyectos e Ingeniería, los estudios fueron finalmente elaborados por una empresa propiedad del hijo del consejero, Enrique Iglesias, también procesado en la causa y condenado a responder solidariamente de las indemnizaciones de Muñiz en 99.405 euros en calidad de partícipe a título lucrativo.

La sentencia considera probado que los empresarios estaban "en la cúspide de la toma de decisiones" para articular un sistema para ser adjudicatarios de contratos públicos a través de una concurrencia "que no era tal".

En el caso de la funcionaria Marta Renedo, condenada a nueve años de prisión y cuyo acrónimo dio nombre al caso, la sentencia relata cómo abrió varias cuentas cuando trabajaba para la Consejería de Servicios Sociales a nombre de personas que habían solicitado ayudas públicas utilizando los datos personales que estos facilitaron.

En dichas cuentas Renedo recibió diversos pagos de empresas como Asac Comunicaciones que, a iniciativa de la funcionaria, contrató y pagó los salarios de cuatro personas que realizaron distintas funciones en equipamientos del Principado sin expediente administrativo alguno en la Consejería de Cultura.

La trama creada por Renedo le permitió recibir numerosos pagos de empresas por actuaciones ficticias y servicios que nunca se prestaron para el Principado cuando la funcionaria pasó a depender de los departamentos de Cultura y de Administraciones Públicas dado que, por su cargo, podía autorizar contratos menores.

Dicha actuación era, según la sentencia, ignorada por sus superiores jerárquicos en la administración, cuya firma falsificó en varias ocasiones, lo que le permitió además recibir ingresos de las compañías involucradas a través de una empresa constituida por ella en 2008 en la que, para dar apariencia de actividad, dio de alta a personas cercanas como la profesora de inglés de sus hijos.

Tras la lectura de los hechos probados y del fallo de la sentencia, que se ha prolongado durante casi dos horas, el tribunal procederá mañana a notificar a las partes el texto completo de la resolución judicial, que se prevé que cuente con más de mil paginas.

Al finalizar la audiencia pública el abogado que representa la acusación particular que ejerce Podemos, Alberto Suárez, ha lamentado que el tribunal no haya atendido su solicitud de celebración inmediata de una 'vistilla' para pedir el ingreso en prisión provisional de los condenados al advertir riesgo de fuga.

No obstante, el presidente del tribunal y ponente del fallo, Francisco Javier Rodríguez, ha optado por aplazar la convocatoria de la 'vistilla' a la espera de coordinar las agendas de las partes presentes en la causa con lo que la fecha mas probable para que ésta se celebre será la del 25 ó 26 de septiembre.

A juicio del letrado de Podemos, las condenas impuestas a los ocho condenados, que suman más de 40 años de cárcel, "son elevadas" y se trata de personas "que han sustraído cantidades importantes de dinero" con lo que tiene "medios y disponibilidad" de fondos con lo que, en su opinión, "claro que hay riesgo de fuga".