PSOE y PP se unen para cambiar la ley de RTPA

En el próximo pleno se sacarán adelante cuatro leyes

PSOE y PP sumarán sus votos este jueves en el pleno del parlamento asturiano para aprobar la ley que modificará el funcionamiento de la televisión autonómica (RTPA), cambios a los que se oponen Foro IU y UPyD al considerar que solo intentan mermar su pluralidad.

El portavoz socialista en la Junta General del Principado, Fernando Lastra, ha rechazado esas acusaciones y ha asegurado que el acuerdo está abierto a la incorporación de todos lo que quieran.

En su opinión, lo más importante es que con esta ley se confirma un modelo de gestión pública.

Ha añadido que están en condiciones de decir que la gestión de la RTPA es plural y que no hay un control político sobre la televisión autonómica y que quien lo dice quizás lo haga porque tiene "miedo precisamente a la pluralidad".

La portavoz del PP, Emma Ramos, se ha limitado a señalar que este segundo proyecto de ley de reestructuración del sector público que va a cambiar el modelo de RTPA "es insuficiente, pero supone un paso adelante" y que por eso va a contar con el apoyo del PP.

En el lado contrario se ha manifestado la portavoz de Foro, Cristina Coto, que ha advertido de que los cambios empeorarán la situación actual y que después de haberse destinado 160 millones de euros de dinero público a la RTPA, ahora se convierte en una sociedad mercantil y puede ser vendida cualquier momento.

"PP y PSOE han cocinado una televisión que se pone a disposición de sus intereses de partido y que va a tener una menor pluralidad", ha afirmado.

Desde IU, su portavoz, Aurelio Martín, ya ha anunciado que la coalición no va a respaldar esta modificación porque quieren una televisión plural y porque desde el PSOE y el PP ha habido un intento de marginar al resto de grupos de la Cámara y no han apostado por aunar posturas.

"En esta votación entre el PSOE y el PP se va a visualizar la nueva mayoría que toma las decisiones importantes para Asturias, aunque más que nueva, es ya una vieja mayoría", ha señalado el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, para quien "es una mala ley que va a defender un modelo de televisión politizado y con intereses partidistas".

El proyecto de ley ha incorporado numerosas enmiendas del Partido Popular, entre ellas, una que plantea cambios en la elección del director y del consejo de administración, que ahora podrá hacerse por mayoría simple del pleno de la Junta General (la mitad más uno) cuando hasta ahora se exigía el apoyo de tres quintos de la Cámara.

Este cambio ha sido criticado por los portavoces de Foro, IU y UPyD, que consideran que su objetivo de PSOE y PP es controlar la televisión regional de cara a las próximas elecciones autonómicas y menguar su pluralidad informativa.

La ley que va a reformar el sector público será una de las cuatro que se aprobarán en el pleno extraordinario que celebrará la Junta General del Principado esta semana, que también aprobará definitivamente el dictamen de la comisión parlamentaria que ha investigado la gestión del centro cultural Osca Niemeyer.

El dictamen, que se debatirá junto a los votos particulares que han presentado PSOE -que considera que está lleno de errores y falsedades- y Foro -que considera que se queda corto a la hora de buscar responsables-, achaca responsabilidades a ocho dirigentes socialistas y gerentes de la entidad, entre ellos el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.

Las otras tres leyes que se aprobarán en esta sesión son las de reforma de la Función Pública, que se aprobará con los votos del PSOE, IU y UPyD, una modificación de la ley de comercio, a la que se opondrá la coalición, y la de creación del Colegio de Educadores de Asturias, que saldrá adelante por unanimidad.

En este pleno extraordinario también se abordarán, en la parte de control al Gobierno, una proposición no de ley para mejorar la adaptación de espacios turísticos a discapacitados y dos preguntas del PP sobre educación y la constructora SEDES; otra pregunta de IU sobre el real de decreto de libertad de horarios comerciales que afecta a Oviedo y Gijón, y una iniciativa de UPyD sobre el conflicto del instituto de educación secundaria de Cangas del Narcea.