A la espera de pasar a disposición judicial se encuentra el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo, quien ayer llegaba al cuartel de la Guardia Civil en Oviedo tras ser detenido en Murcia.
En las dependencias del Instituto Armado permanecen también desde ayer los otros tres detenidos en la operación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.
A la espera de pasar a disposición judicial por una causa para la que se mantiene el secreto de las actuaciones se encuentran también el exasesor fiscal del Montepío de la Minería, J.M.F.F.; el arquitecto Manuel Sastre, autor del proyecto de la Residencia "La Minería" en Felechosa, en el concejo de Aller, y Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora que ejecutó la obra.
Los cuatro fueron arrestados en una operación que investiga el desvío, la apropiación y la ocultación de fondos públicos y privados del Montepío entre 2005 y 2014 iniciada en relación a un presunto blanqueo de capitales de José Ángel Fernández Villa, que en 2012 regularizó 1,4 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal y que figura como investigado.
Al juzgado ya han acudido la esposa del exsindicalista, María Jesús Iglesias, y sus dos hijos, Ángela y Rolando Fernández, este último gerente durante un periodo de la residencia construida por el Montepío con 31 millones de fondos mineros aportados por el Estado, que se han acogido a su derecho a no declarar.
Entre los investigados por la Fiscalía figuran también varios familiares de Postigo, que se acogió también a la amnistía fiscal para regularizar 360.000 euros, y los indicios apuntan a que esos fondos pudieran proceder de la construcción del geriátrico.
Tras los registros realizados ayer en las viviendas de Fernández Villa y de los cuatro detenidos, un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplazado hoy al Ayuntamiento de Aller para recabar información sobre la obra.
En el cuartel de la Guardia Civil han declarado además como testigos, entre otros, el exconsejero de Industria del Principado, Graciano Torre, y el ex secretario general de la Federación de Industria de CCOO y actual alcalde de Morcín, Maximino García.
A su salida del acuartelamiento, Torre ha señalado a los periodistas que el convenio para la construcción del geriátrico fue suscrito por el Instituto del Carbón (Ministerio de Industria) y el Montepío en un periodo en el que los sindicatos tenían facultad para proponer proyectos a financiar con cargo a los fondos mineros y que nadie cuestionó la idoneidad de la construcción del geriátrico.
La Residencia "La Minería" fue la única inversión incluida en los fondos aportados por el Estado para compensar la reconversión minera que no fue ejecutada por una administración -local, autonómica o estatal- lo que requirió un cambio de normativa aprobado en 2009 para que los proyectos financiados con dicha partida pudiesen afrontarlos entidades sin ánimo de lucro como el Montepío.
A esta circunstancia se ha referido también el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, para advertir de que el Principado no jugó "ningún papel" en la ejecución de la obra y que la labor de seguimiento correspondía al Estado antes de mostrar su confianza en que la justicia y en que actúe "lo más rápido posible".
Declaración en la Junta
Tres de los cuatro detenidos en la operación Hulla pasaron por la comisión de investigación sobre la fortuna de Villa que se celebró en la Junta.
Ante los diputados negaron irregularidades en la obra del geriátrico de Felechosa.
El presidente de la comisión, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, llevó las conclusiones a la Fiscalía, aunque no fueron aprobadas por todos los grupos.
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