Una compañera de Renedo relata que la acusada se interesó por cómo se hacía su firma

"En treinta años trabajando para la Administración del Principado no he visto ninguna irregularidad de las que se están comentando"

Pilar Sánchez Vicente, que ocupó el cargo de jefa de servicio de Publicaciones de la Dirección General de Modernización, ha declarado hoy que su compañera Marta Renedo le dijo una vez que su firma era "rara y curiosa" y ha subrayado que puso mucho interés en que le demostrara como se hacía.

En la sesión vespertina de la quinta sesión del juicio oral del caso Renedo, Sánchez Vicente ha precisado que durante los dos años que trabajó con Marta Renedo en sus respectivos cargos como jefas de Servicio en la Consejería de Administraciones Públicas no vio ninguna irregularidad.

Ha señalado que en su caso fueron varias las facturas en las que Renedo supuestamente suplantó su firma para contratar a la empresa Implans Mounts, de la que era administradora.

La testigo ha indicado que "cualquier persona" que trabajaba en el departamento, incluida Renedo, tenía acceso a los dos sellos de caucho que poseía para rubricar los contratos que facturaba desde su puesto de jefa de servicio.

"En treinta años trabajando para la Administración del Principado no he visto ninguna irregularidad de las que se están comentando", ha aseverado Sánchez Vicente, que ha asegurado que "se quedó helada" cuando se enteró de las supuestas irregularidades cometidas por su compañera.

Por su parte, el ex secretario general técnico de la Consejería de Administraciones Públicas Francisco José Díaz Ortiz (2007-2011) ha confirmado en su declaración el testimonio realizado esta mañana por su superior, el director general de Modernización, Alberto Pérez Cueto, cuando conocieron las supuestas irregularidades de Renedo para desviar fondos a su empresa Implans Mounts.

Díaz Ortiz ha precisado que tras cerciorarse de los hechos se denunció ante la Fiscalía la falsificación de las firmas en los contratos y se abrió expediente a Renedo por incompatibilidad.

Ha confirmado también que Renedo se manifestó arrepentida por lo que había hecho y que estaba "desolada" y, al igual que Pérez Cueto, ha rechazado las declaraciones de la ex funcionaria en la que afirmaba que sus superiores le mandaba emitir facturas falsas.

El ex secretario general técnico ha señalado que Renedo facturó unos 800.000 euros por contratos menores con el Principado, 600.000 hacia su empresa y otros 200.000 a través de una identidad falsa, la de Azucena V.F., y que meses después un informe de la inspección del Principado señaló que las obras no se había ejecutado.

Otro de los testigos, Daniel L. D., personal externo del Principado que trabajaba en el almacén de la Consejería, ha afirmado que nadie pudo "manipular" el ordenador de Renedo mientras que lo custodiaba en su horario de trabajo hasta que se lo entregó a la Policía.

Ha explicado que colocó el ordenador dentro de un armario cerrado con llave en el almacén y que le puso un candado a la unidad CPU, mientras, ha apuntado, la jefa de área de calidad global del usuario dependiente de la Dirección General de Informática, Catalina Álvarez, le colocó una nueva contraseña.

Por su parte, Francisco Javier Á.S. M., empresario del sector de la publicidad, ha asegurado que Renedo le pidió el favor de que facturara al Principado por 11.400 euros un trabajo que no había realizado para poder pagar a una empresa con la que tenía un cuenta pendiente y que estaba en proceso de disolución.

"No era normal que me lo pidiera pero no interpreté que fuera una cosa extraña. Confíe en ella. No había causa de duda. Lo consideré como una subcontratación", ha relatado.

Cuatro testigos han reconocido que fueron contratados con la empresa Asac Comunicaciones para trabajar para el Principado y han apuntado que su única relación con esta compañía era por cuestiones relacionadas con la nómina.

En la jornada de mañana están previstas las declaraciones de la ex consejera de Cultura Encarnación Rodríguez Cañas, que lo hará por vídeoconferencia; la ex consejera de Cultura y Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya, y el ex director general de Política Cultural Carlos Madera.