La Consejería de Servicios Sociales se compromete a revisar caso por caso las deudas contraídas con las residencias de ancianos desde 2011, el año en el que se reguló el copago.
Pilar Varela se ha reunido durante más de una hora y media hoy con representantes de los seis grupos parlamentarios. La consejera les ha pedido al menos dos meses para buscar soluciones al conflicto del ERA.
El organismo que administra los geriátricos públicos reclama deudas de hasta 90.000 euros a unas 4.000 familias.
Varela asegura que el ERA le cuesta unos 116 millones anuales al Principado, de los cuales los usuarios aportan unos 41 millones.
La consejera descarta paralizar los procesos porque las deudas prescribirían y generaría responsabilidades administrativas, aunque ofrece diálogo y disponibilidad a todos los afectados.
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