La defensa de José Ángel Fernández Villa denuncia que la anulación de sus tarjetas de débito le dejan a él y a su familia sin fondos para subsistir.
En un escrito presentado en el juzgado asegura que no puede acceder a manejar ninguna de sus cuentas bancarias.
Esto, aseguran, les impide disponer de fondos para hacer frente a sus necesidades como comida, farmacia o taxis, especifican.
En ese mismo escrito, cuestionaban que no se les hubiera notificado el auto de medidas cautelares sobre el embargo del patrimonio para poder subsanar posibles errores.
Un escrito al que la magistrada ya ha contestado vía auto judicial. En su texto, la jueza Begoña Fernández, asegura que la resolución fue notificada ese mismo día 5 de junio a todas las partes y señala, además, que consta que la procuradora de Villa aceptó ese auto.
La magistrada ha dado de plazo hasta hoy a la defensa de Villa para que especifique las cuentas con las que supuestamente tiene problemas.
Un plazo de tan sólo un día que, en fuentes jurídicas, se interpreta como la firme intención de la jueza de no permitir dilaciones indebidas.
Representación procesal
Evitar retrasos en la instrucción es también lo que reclama la defensa del constructor Juan Antonio Fernández.
El abogado Miguel Valdés-Hevia solicita que haya un mismo letrado para todas las acusaciones populares que se quieran presentar en esta causa.
Así se desprende del escrito que ha presentado en el juzgado. Ante el temor de que sean numerosas las asociaciones y partidos políticos que quieran concurrir, solicita esta medida para evitar dilaciones indebidas similares, apunta en su escrito, a las que se registraron en el Caso Renedo.
Subraya, además, que el Montepío es responsable civil subsidiario y que no puede personarse como acusación popular.
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