El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa no ha comparecido hoy ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo para someterse a un nuevo examen neurológico para confirmar su deterioro cognitivo, dentro de la querella presentada por el sindicato por apropiación indebida.
Fernández Villa estaba citado a las 11:00 horas de hoy ante la magistrada titular del juzgado que instruye la causa por un supuesto delito de apropiación indebida tras la querella presentada por la organización sindical.
No obstante, la representación legal del ex dirigente sindical ha presentado media hora antes un escrito en el que comunicaba que no comparecería.
La representación legal de Fernández Villa ha alegado que la petición de comparecencia no le fue comunicada de forma personal sino únicamente a través de su procurador.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la magistrada ha dictado una providencia en la que da traslado de dicho escrito a las partes.
La magistrada ha dado a las partes un plazo de dos días para que presenten las alegaciones que consideren oportunas y, una vez que expire ese plazo, la magistrada procederá a resolver, ha añadido el Alto Tribunal asturiano.
La organización sindical presentó en septiembre de 2015 una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros en concepto de gastos sin justificar así como por la apropiación de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato que acudían a las reuniones del comité intercentros de Hunosa.
Por otra parte, según informa el diario El País, la fiscalía Anticorrupción prepara una querella contra el exlíder sindical por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
Una información que apunta que Villa habría amasado su fortuna tras haberse apropiado, presuntamente, del dinero de las dietas de otros compañeros del sindicato y mediante certificaciones falsas de las obras de la residencia del Montepío de la Minería.
Fernández Villa es objeto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en relación al origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012.
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