Aunque conocedora de la crisis en Duro Felguera, Yolanda Díaz lamenta no tener competencias para mediar en el conflicto al ceñirse el ERE solo a una comunidad autónoma. La ministra de Trabajo apuesta por una reforma en profundidad de la SEPI para que empresas como Duro rescatadas con dinero público no puedan luego plantear despidos. Las administraciones públicas, defienden, han de entrar en las empresas que rescatan.
De inasumible califica Díaz que eléctricas como Iberdrola y Naturgy desmantelen sus centrales térmicas en Asturias sin generar empleo alternativo. Algo que no solo genera pobreza sino que aumenta el riesgo del auge de la extrema derecha que bebe de la desafección ciudadana.
Tras mostrar su preocupación por la bajada de la ocupación laboral en el Principado, la ministra ha animado a los trabajadores a que denuncien cuando su contrato sea irregular. Es lo que está sucediendo con los fijos discontinuos.
Asturias es la segunda comunidad autónoma donde más fraude se ha detectado, hasta un 63% de los contratos fijos discontinuos inspeccionados por trabajo, eran irregulares al tratarse, en realidad, de fijos ordinarios.
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