Gijón y el Principado se comprometen a trabajar para buscar soluciones a Prendes Pando
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- 0:04inmediato posibles soluciones
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- 0:26gijoneses.
El Ayuntamiento de Gijón ahorrará más de un millón de euros con los servicios tributarios del Principado
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero de Hacienda y Fondos Públicos del Principado, Guillermo Peláez, se han comprometido este miércoles en la búsqueda de posibles soluciones alternativas para lograr que el edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando pueda tener una utilidad pública.
Moriyón, que ha suscrito junto con Peláez el nuevo convenio entre el Consistorio y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que el Ayuntamiento no dispone de los 15 millones de euros adicionales que, junto con la subvención de 4 millones del Principado, permitirían rehabilitar los antiguos juzgados de Prendes Pando.
Entre estos compromisos destacan el pago de 5 millones por los terrenos adquiridos a la Autoridad Portuaria en Naval Gijón, la compra de terrenos para la ampliación del parque científico de la Universidad, las obras en la Tabacalera y diversas infraestructuras educativas.
Tras advertir de que la regla de gasto impide al Ayuntamiento endeudarse para emprender la inversión, Moriyón ha explicado que el compromiso con el edificio es firme, puesto que se trata de una infraestructura clave par Gijón, y ha explicado que tanto ella como el consejero se han comprometido a trabajar, con carácter inmediato, para buscar soluciones que permitan rehabilitarlo y ponerlo al servicio de los gijoneses.
El consejero, por su parte, ha opinado que es importante que ambas administraciones trabajen coordinadamente para encontrar "el mejor encaje" para que el edificio pueda volver a dar servicio a todos los gijoneses y que en ese sentido se está trabajando con el objetivo compartido de que el edificio vuelva a ofrecer servicio a todos los gijoneses.
El Ayuntamiento de Gijón ahorrará más de un millón de euros con los servicios tributarios del Principado
El Ayuntamiento de Gijón y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias han firmado este miércoles un nuevo convenio de colaboración que permitirá al consistorio gijonés el ahorro de más de un millón de euros en la gestión de sus tasas municipales.
Así lo ha anunciado la alcaldesa, Carmen Moriyón, en una comparecencia ante los medios de comunicación momentos antes de la firma del convenio junto al consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, en la sede de la consejería.
El Gobierno de Asturias ofreció recientemente a los ayuntamientos una rebaja media del 30 por ciento por la gestión de los tributos locales a partir de 2025, una medida que les permitirá ahorrar más de cuatro millones en los fondos que pagan a la administración autonómica por la delegación de la gestión tributaria local.
El Gobierno de Asturias asumirá el coste económico de esta rebaja, que se irá concretando en los nuevos convenios que suscriban con la Administración autonómica.
El Ayuntamiento de Gijón se ha convertido en el primer Gobierno local que se suma al nuevo modelo de convenio del organismo autonómico para la gestión de los ingresos municipales, que se ajusta a la estructura de costes del ente y permite un ahorro "muy notable" a todos los ayuntamientos, según ha afirmado Peláez.
Moriyón se ha mostrado satisfecha con el acuerdo al que se ha llegado "en tiempo récord" con la Consejería de Hacienda y ha recordado que la revisión del convenio fue uno de los compromisos alcanzados con el Gobierno del Principado tras su elección como regidora, cuando se comprometió a trabajar con “absoluta lealtad” con el Ejecutivo autonómico.
Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento siempre confió en el Ente Público de Servicios Tributarios y ha declarado estar satisfecha con sus servicios, pero ha explicado que desde el consistorio creían necesario realizar un ajuste de los costes, que ahora se reducen en un millón de euros.
El consejero ha explicado que el nuevo convenio refuerza la autonomía financiera de los concejos y supone, por tanto, un compromiso del Gobierno con el municipalismo.