Nace la Plataforma Asturiana por la Defensa de la Universidad Pública

El modelo "supedita la labor universitaria a intereses privados", afirma el colectivo

Una decena de catedráticos de la Universidad de Oviedo han presentado este jueves la Plataforma asturiana por la Universidad Pública, un colectivo que se opone al desembarco en la comunidad de la universidad privada, un modelo que “hace saltar por los aires la igualdad de oportunidades” y al que consideran deficiente con respecto al público.

El manifiesto fundacional de la plataforma, leído por los portavoces en el Edificio Histórico de la Universidad, cuenta con la firma de más de 25 catedráticos de la institución docente e incide en la preocupación por el “progresivo abandono de los servicios públicos y la supeditación de la labor universitaria a intereses privados”.

Los portavoces de la plataforma, entre los que figuran el exrector de la universidad Santiago García Granda, han señalado su inquietud por la “avalancha” de iniciativas de “supuestas universidades privadas” para su implantación en Asturias, con tres propuestas de las que dos, según han afirmado, constituyen un “fraude de ley” por tratarse de centros adscritos promovidos por la propia universidad, cuando estos deben ser “de entidades distintas a la entidad que los adscribe”.

Se trata de los proyectos de la Universidad Nebrija en el Palacio de Camposagrado y de la Universidad de Alfonso X el Sabio en el Centro Calatrava de Oviedo, mientras que el proyecto de la Universidad Europea, que planea abrir un campus en Gijón, sí que “es verdaderamente una universidad” que cumplirá con la ley, han sostenido, puesto que ofertará diez titulaciones que pertenecerán al menos a cinco campos del saber.

No obstante, según han denunciado, si se tienen en cuenta los costes que tiene esta institución privada en otras comunidades autónomas, las matrículas podrían ascender hasta los “20.000 euros al año”, lo que haría “saltar por los aires” la igualdad de oportunidades que “debe caracterizar a cualquier institución educativa”.

En esta línea, han criticado que la universidad privada, además de contar con una calidad deficiente y escasa o nula inversión en investigación, tiene unos criterios de acceso “más laxos”, que permiten que “una minoría” pueda “saltarse las horas de estudio” y acceder a una titulación homologada “a golpe de talonario”.

Por este motivo, han reclamado al Gobierno del Principado que “haga gala de la excepción que supone Asturias como baluarte en el acceso a la educación pública, elevándola al grado de virtud y alejándose de los cantos de sirena de la iniciativa privada”.

La solución, según han sostenido, debe pasar por un mayor esfuerzo presupuestario en la Universidad de Oviedo, no por dar “manga ancha” a agentes externos que “solo buscan enriquecerse a costa del estudiantado” y que amenazan bienes “tan importantes y preciados como la educación pública y la igualdad de oportunidades”.

Con respecto a la propuesta de ley del Gobierno de España para controlar la calidad de las universidades privadas, han afirmado que, a falta de conocer el detalle de la norma, su argumentación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es “totalmente coherente” y “podrían suscribirla” y han señalado que no tiene sentido que Asturias quiera sumarse a una tendencia que se está intentando corregir a nivel estatal.