El Principado autorizará la extracción de un máximo de 53 lobos en un año

El consejero considera esencial el plan para garantizar el equilibrio entre el lobo y la actividad ganadera

El Gobierno del Principado autorizará la extracción de un máximo de 53 lobos en la comunidad hasta el 31 de marzo de 2026 dentro del programa anual de control previsto en el Plan de Gestión del Lobo, que el Gobierno autonómico ha retomado tras la salida de este animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre).

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presentado este martes en rueda de prensa el programa anual de control, que establece las extracciones sobre una población mínima estimada de 345 ejemplares.

El programa fija los periodos para realizar extracciones en dos franjas del año: de enero a abril y de septiembre a diciembre, con extracciones puntuales entre mayo y agosto en casos concretos.

Marcos ha explicado que se autorizará la eliminación de hasta seis lobos en la zona noroccidental y otros seis en El Palo-Esva, al haberse contabilizado 748 y 768 reses afectadas, respectivamente.

También se podrán cazar hasta cuatro ejemplares en la zona suroccidental, donde los ataques al ganado sumaron 84 casos el año pasado, y seis en la centro-occidental, donde se registraron 425 reses dañadas.

En la zona central y en la centro-oriental, donde la cifra de cabezas de ganado ha alcanzado las 473 y 292, respectivamente, se ha fijado un límite de ocho lobos en cada una.

Asimismo, en Picos de Europa, fuera del parque nacional, se prevé la extracción de hasta cuatro ejemplares, mientras que el plan no contempla actuaciones de control en el término del parque, ya que estas deben ser aprobadas por el Consorcio del Parque Nacional.

Con respecto a las áreas que quedan fuera del ámbito del Plan de Gestión del Lobo, donde los controles podrán realizarse durante todo el año, el número autorizado de ejemplares a abatir asciende a once, con posibilidad de ampliación si fuese necesario.

La Consejería ha insistido en que el plan se desarrolla dentro del marco legal vigente y ha defendido que su aplicación es “esencial para garantizar el equilibrio entre la actividad ganadera y la presencia del lobo en Asturias".

En cuanto a los métodos previstos, se incluyen los aguardos o recechos para capturar lobos de manera selectiva por parte de los agentes medioambientales o de personal autorizado, el apoyo en reservas regionales de caza, es decir, la extracción durante cacerías autorizadas de otras especies, y las batidas por parte de agentes medioambientales cuando los métodos básicos no resulten suficientes.

Según la Consejería, el lobo ocupa actualmente el 83% del territorio asturiano y está conectado con el de las autonomías vecinas, de modo que su hábitat abarca una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados.

Según los últimos estudios que maneja el Principado, Asturias cuenta con 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, mientras que la población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 animales.

Desde 2001, cuando se registraron 22 manadas, la población de lobos ha mostrado una tendencia general de crecimiento, al igual que los daños sobre la ganadería, que en 2024 afectaron a 3.257 cabezas de ganado bovino, caprino, equino y ovino, lo que representa un aumento del 19,70% respecto a 2021.

Además, el coste de las indemnizaciones se incrementó un 96,16% en el mismo período, hasta alcanzar los 1.538.028 euros el año pasado, según el Principado.

El borrador del programa anual de control del lobo que hoy se ha dado a conocer, se presentará el próximo jueves en el comité consultivo, para posteriormente firmar la resolución y aprobar definitivamente el plan que permita llevar a cabo las extracciones en el Principado.

Nuevo baremo de daños por fauna salvaje

Por otra parte, Medio Rural también ha aprobado el nuevo baremo de daños provocados por fauna salvaje, que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y que incluye bonificaciones y un aumento de hasta el 30% del lucro cesante.

La nueva normativa configura las indemnizaciones para las explotaciones en función del precio emergente, que refleja el valor de cada animal, calculado según criterios como edad, raza y aptitud productiva, y el lucro cesante, que incluye un incremento base del 20% sobre el valor emergente.

Además, según el nuevo baremo, el lucro cesante puede aumentar un 5% adicional en el caso del ganado bovino y equino, si el animal lleva censado al menos tres años, y un 10% si supera los seis años de edad. Asimismo, se configura un lucro cesante específico para las ganaderías de leche.

A esta base se suman bonificaciones específicas que aumentan las indemnizaciones, por ejemplo, un 10 % adicional para animales inscritos en un libro genealógico, protegidos por una marca de calidad (denominación de origen, indicación geográfica protegida o producción ecológica) o cubiertos por un seguro agrario.

Igualmente, los daños a las razas autóctonas se incrementan en un 20%.

Además, se mantiene el 20% extraordinario para daños causados por especies como el oso y el lobo, y se incorporan dos novedades: un 10% adicional para explotaciones que adopten medidas preventivas frente a la fauna silvestre y un 20% para aquellas que transformen los productos en la propia ganadería.

Los ecologistas agotarán "todas las vías legales" para evitar la caza del lobo

La Coordinadora Ecologista de Asturias (CEA) ha anunciado este martes su intención de “agotar todas las vías legales” para impedir la caza legal de lobos en el Principado, al considerar que la estrategia del Gobierno asturiano, que ha anunciado este lunes que autorizará la extracción de hasta 53 ejemplares en un año, es "errónea" y solo producirá "más daños al ganado y mayor malestar social".

En un comunicado, la organización ha denunciado que “todos los estudios científicos” concluyen que abatir ejemplares de lobo “no reduce daños sino que los aumenta, salvo que se mate a un porcentaje tan grande que pondría en riesgo la viabilidad poblacional de la especie”.

La CEA ha advertido de que el problema de la ganadería asturiana no está relacionado con la presencia del lobo, sino con "el escaso precio de la carne y la leche", el aumento de los costes de producción y la "lentitud de la administración" en el pago de indemnizaciones por daños de fauna, factores que han considerado los verdaderos desafíos del sector.

Además, ha reclamado que el Ejecutivo autonómico reconozca "el conocimiento científico disponible" y modifique su gestión para garantizar la conservación de la biodiversidad, apostando por soluciones basadas en la educación ambiental y en la divulgación de medidas de prevención eficaces.

La Coordinadora ha subrayado que recurrirá a todas las herramientas legales para frenar lo que considera una política de “matanzas" que no solo afecta a la población de lobos y ha reclamado un “giro radical hacia la racionalidad” para aplicar una “gestión responsable” con el mantenimiento de la biodiversidad.