Asturias utilizará los fondos europeos para nuevas plazas en residencias y alquileres

El Principado destinará 62 millones a transformar su modelo de servicios sociales

Cerca de 62 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se destinarán a lo largo de tres años a la transformación del sistema asturiano de servicios sociales, la mitad de los cuales se dedicarán a la adaptación del modelo de cuidados de larga duración y promoción de la autonomía de las personas mediante la potenciación de los cuidados en el hogar y el envejecimiento activo.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha dado estos datos al comparecer a petición propia ante la comisión de Derechos Sociales del parlamento asturiano para informar sobre el trabajo realizado en torno a la gestión de los fondos del Programa Next Generation de la Unión Europea, que aportarán otros 28 millones a las políticas de rehabilitación de viviendas, a las que su departamento podrá dedicar 82 millones de euros a través de distintas vías de financiación.

Tras advertir de que aún hay incertidumbres sobre estos fondos que pueden generar falsas expectativas y que hay que apelar al principio de prudencia en torno al destino de estos fondos comunitarios, Álvarez se ha mostrado convencida de que sí permitirán que el modelo de servicios sociales no pierda el tren y que pueda garantizarse tanto su transformación como sostenibilidad.

Asturias recibirá en la primera anualidad más de 17 millones, 21 millones el próximo y 23 más en 2023 para facilitar la transformación del modelo asturiano de servicios sociales, según ha detallado la consejera que ha incidido en que las reformas que financiarán se llevarán a cabo a través de seis programas.

El primero y más ambicioso, el centrado en el impulso del cambio del modelo de cuidados de larga duración que favorezca la autonomía de la persona permitirá activar inversiones en residencias y centros de día públicos y privados, según la consejera, que ha señalado que en este apartado está prevista la creación de nuevas plazas y la adaptación de los recursos existentes.

El resto de actuaciones se centrarán en la activación de mecanismos de respuesta para la preservación de la autonomía personal en el hogar, la digitalización integral de los servicios sociales, el desarrollo de ecosistemas de innovación para la adaptación al cambio social, el impulso al modelo de acogimiento de menores y la mejora de la accesibilidad de los servicios sociales comunitarios.

Las entidades locales y del tercer sector tendrán también un "papel relevante" en la ejecución de estos fondos, según la consejera, que ha asegurado que las reformas estructurales y de normativa que se van a llevar a cabo son necesarias para adaptar, garantizar la sostenibilidad del modelo asturiano y hacer de Asturias el mejor sitio para envejecer.

Además, ha adelantado que previsiblemente Asturias se convierta en septiembre en la primera o una de las primeras comunidades en firmar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un convenio para llevar a cabo un programa que la consejería tiene "muy avanzado" destinado a que los más vulnerables tengan garantizado el acceso al empleo y al acceso a los derechos públicos sin que las tecnologías digitales no supongan un riesgo de exclusión social y laboral.

Derechos Sociales garantiza la viabilidad de la residencia de Sotiello

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha asegurado hoy que la viabilidad del Centro Polivalente de Recursos (CPR) de Sotiello, en Morea / Moreda , está garantizada y que los problemas administrativos que pueda haber en esta residencia no afecta al buen cuidado de las personas que allí residen.

Álvarez ha respondido así a una pregunta formulada en la Comisión de Derechos Sociales por el diputado de Podemos Rafael Palacios, que mostró su preocupación por el futuro de un centro que después de más de diez años en funcionamiento carece de las licencias de apertura y funcionamiento.

Según Palacios, el hecho de no contar con esos permisos impide la realización de obras de mantenimiento y pone en peligro la "viabilidad" de un centro que da trabajo a cerca de un centenar de personas y en el que residen más de sesenta mayores.