Alperi asegura que solicitaron una auditoría para saber si el dinero que regularizó Villa procedía del sindicato
Tenso reinicio del juicio contra José Ángel Fernández Villa
El juicio contra el ex secretario general del Soma-UGT José Ángel Fernández Villa se ha reanudado esta mañana entre las continuas protestas de la defensa por la negativa del tribunal a aceptar el planteamiento de preguntas a los testigos por considerarlas "improcedentes" o "intrascendentes".
La abogada Ana García Boto, que ejercita la defensa de Fernández Villa, ha manifestado su protesta por no haber logrado que prosperara su petición para que el actual secretario general, José Luis Alperi, permaneciera en el interior de la sala al finalizar su declaración, por si resultaba necesaria su presencia para un posterior careo con otros testigos.
La presidenta del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, María Luisa Barrio, no ha accedido a su solicitud y ha autorizado a Alperi a abandonar las dependencias judiciales si lo deseaba, como ha hecho el testigo.
La defensa ha insistido en que Alperi continuara en sala y ha argumentado que su petición respondía "a la necesidad de que se quede como garantía del derecho de defensa por si es preciso solicitar un careo" y evitar así que pudiera comunicarse con otros testigos.
La presidenta ha recordado a la defensa que "está en su derecho de solicitar un careo" pero le ha puntualizado que será el propio tribunal quien decida si procede o no realizarlo, una vez solicitado.
"No me rete, señora letrada", le ha llegado a decir la presidenta a la defensa después de que Ana García Boto le planteara si podía hacer preguntas ante la reiteración de protestas de la defensa ante la advertencia del tribunal sobre la improcedencia de algunas de las cuestiones planteadas por la letrada a los testigos.
"Usted limítese a preguntar", le ha contestado la magistrada a la defensa tras ratificar que "será el tribunal quien decida su procedencia o improcedencia".
Durante su declaración, José Luis Alperi, ha asegurado que el sindicato decidió hacer una auditoría para comprobar que el dinero regularizado en la amnistía fiscal por su predecesor, José Ángel Fernández Villa, no había salido de la organización.
Alperi, que ha señalado que el control contable del sindicato lo llevaba Juan Cigales, ha apuntado que la ampliación de la querella se realizó para recuperar "el supuesto menoscabo patrimonial que sufrió el sindicato".
Alperi ha explicado que lo primero que hizo al asumir la nueva dirección era "ejercer todas las acciones jurídicas necesarias, incluidas las penales, para recuperar ese supuesto menoscabo".
El secretario general del sindicato ha ratificado ante el tribunal de la Sección Tercera que la querella se dirigió a Fernández Villa y a Pedro Castillejo, ex secretario general del Infide, dependiente del Soma, " por ser los que tenían un patrón definido de actuación, sistemático", y eran, en principio, "los máximos responsables".
Postigo reconoce que se "compensó" a Villa por dejar de ser senador
El expresidente del Montepío José Antonio Postigo ha asegurado que hubo una reunión con "cuatro o cinco compañeros" en la que se acordó que se seguiría abonando al ex secretario general del SOMA José Ángel Fernández Villa el pago del coche Mitsubishi, pese a estar totalmente liquidada su compra, "para compensarle de alguna manera" ante la pérdida económica que suponía haber dejado de ser senador socialista.
A través de una videoconferencia, realizada desde Murcia, Postigo ha explicado que "hace siete u ocho años", gestionó la compra de un Mitsubishi para su "compañero y amigo Fernández Villa" por su intervención quirúrgica en la espalda y con su minusvalía "se ahorraba" el tema de "la fiscalidad" y lo pagaba "el sindicato".
"A todos y cada uno de los miembros de la comisión ejecutiva se les pagaban gastos", ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial que hoy ha reanudado el juicio contra Villa por su presunta autoría en un delito continuado de apropiación indebida.
"Ni Villa, ni tampoco el secretario de administración, que hubo muchos, entre ellos José Luis Alperi -actual secretario general del SOMA- consentían los gastos. Se tenía que articular un mecanismo de un estadillo donde se ponía kilometraje, comida y se incorporaban los tiques de peajes y había que justificarlos", ha explicado.
"Él -en alusión a Villa- compraba libros y estaban a disposición de todos para leerlos y todo el que quería leerlos podía hacerlo, eran de temas sindicales, políticos e históricos; no eran de novelas del oeste", ha recalcado Postigo en su declaración.
Postigo ha reconocido que "hubo problemas" para la aprobación de las cuentas, porque había un compañero en Rodiezmo que no estaba de acuerdo en la contabilidad y también había "problemas" porque el ex contable Juan Cigales tampoco estaba conforme con alguna factura de un curso de formación "de cárnicas".
"Jamás se pusieron en cuestión las cuentas", ha añadido el testigo a preguntas de la defensa, quien ha reiterado que Cigales llevaba "hasta las cuentas personales" de Villa y "jamás" oyó protestar a nadie por este tema.
El testigo Armando Fernández Natal, de la antigua comisión ejecutiva del SOMA-UGT, a través de una videoconferencia desde Gerona, ha señalado que la disposición de las cuentas era mancomunada con "dos personas siempre".
José Ramón Fernández Suárez, tesorero contador de la junta administradora del SOMA-UGT, ha asegurado hoy que eran necesarias "dos firmas" para autorizar los gastos y que las tarjetas estaban a cargo de Amalio Fernández y el contable Juan Cigales y desconocía a quién pertenecía la tarjeta de la que disponía el ex secretario general del sindicato, José Ángel Fernández Villa.
El testigo ha explicado que el coche Mitsubishi era utilizado "habitualmente" por Villa, quien era el que pagaba la gasolina, los gastos de comidas, y los tiques "supone" que los pasaba a Juan Cigales que posteriormente los seleccionaba antes de proceder a su pago.
El testigo ha explicado que las cuentas no se aprobaron por unanimidad y que Fernández Villa le comentó que podían hacer una auditoría, pero el ex secretario general del Soma "tampoco quería aprobar las cuentas por lo de la auditoría".
"Villa no participaba en las reuniones, aunque desconozco por qué aparece su firma en las actas", ha ratificado José Ramón Fernández.
El juicio continuará el próximo lunes, día 23, a las 10 de la mañana, en la Audiencia Provincial.