Belén Fernández atribuye la gestión en El Musel a un manual de Puertos del Estado

Ha reiterado sus críticas a la "inactividad" del Estado

La consejera de Fomento, Belén Fernández, ha atribuido hoy la posible mala gestión realizada en la ampliación del puerto de El Musel al uso por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón de un manual sobre la tramitación de fondos europeos elaborado por Puertos del Estado en 2003 durante la etapa de gobierno del PP.

Fernández se ha pronunciado así durante el debate de una interpelación del PP relativa a las consecuencias que tendría para el puerto gijonés que se confirmase la decisión de la Comisión Europea de retirar la subvención de 247,5 millones concedida a este proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.

La consejera ha protagonizado un intercambio de acusaciones con el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que ha acusado de "cara dura" y de aplicar la estrategia del calamar "de forma que la culpa sea siempre de los demás" a Fernández que, por su parte, le ha afeado recurrir "a la palabrería y a las acusaciones infundadas".

Fernández ha reiterado además sus críticas a la "inactividad" del Estado ante el informe de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) que apuntaba la existencia de irregularidades en la tramitación del proyecto y su falta de lealtad institucional al no permitir a la Autoridad Portuaria contribuir a la defensa de la gestión del proyecto ante las autoridades comunitarias.

La consejera ha abogado por que las últimas declaraciones del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en las que se mostraba dispuesto a reforzar junto al Ministerio de Hacienda los argumentos en defensa de la no devolución de las ayudas sean el preludio de "un cambio de actitud" de la administración central.

A su juicio, hasta ahora, y con el respaldo del PP asturiano, el Gobierno ha recurrido a la opacidad como estrategia política "para aparentar una defensa firme y seria de los intereses del puerto cuando en realidad se está haciendo una defensa de pacotilla", actitud que ha vinculado con la que el Ejecutivo central mantiene con la autopista del mar, la regasificadora o la ZALIA.

"Si llegase a ser cierto lo que dice la Comisión, si los gastos no están adecuadamente justificados no es por causa de la Autoridad Portuaria sino por la aplicación de un manual de Puertos del Estado elaborado en 2003 sobre la gestión de fondos comunitarios, ha dicho.

Para el parlamentario popular, la respuesta de la consejera constata que el Ejecutivo regional se mantiene en su "error absoluto" de seguir por el camino "de las ruindades" que no va a cambiar la realidad en torno a la reclamación de la CE sobre una obra cuya gestión, adjudicación, seguimiento y ejecución correspondió a administraciones gobernadas por el PSOE.

"Alguien tendrá que asumir responsabilidades por esta cuestión que deja a la Autoridad Portuaria de Gijón en una situación crítica y, si salen mal las cosas, una de las personas que tendrá que hacerlo, y no será la única, será usted señora consejera", ha dicho.

Cuervas-Mons ha incidido en que el PP advirtió hace años de la mala gestión del proyecto de ampliación de El Musel -"y por ello nos acusaban de ser enemigos de Asturias", ha apuntado- y ahora el Principado pretende hacer creer que el Gobierno central tiene interés en que se tengan que devolver a Bruselas los 198 millones de euros que aportó y que se dejen de percibir los 50 pendientes.

Para la portavoz de Foro, Cristina Coto, tras pedir el apoyo de los grupos a la comisión de investigación solicitada por su grupo sobre este asunto, el informe de la OLAF refleja que en la ejecución de la obra "se saltaron toda la legislación a la torera" y apunta a los responsables: la Autoridad Portuaria, la UTE Dique Torres, adjudicataria del proyecto, o la posible connivencia entre ambos.

También el portavoz de IU, Aurelio Martín, ha calificado el procedimiento seguido de "chapuza monumental" mientras que el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha lamentado que este proceso haya dejado a la Autoridad Portuaria con una deuda de 490 millones de euros sin haber generado una mayor actividad económica y que se haya constatado un fallo en la mínima colaboración administrativa.