El ERA suspenderá las liquidaciones y auditará las deudas reclamadas a usuarios

El organismo revisará de oficio las ya abonadas

El organismo autónomo ERA suspenderá todas las liquidaciones de las deudas que reclama a los herederos de ancianos fallecidos hasta que haga una auditoría que verifique que el cálculo se adecúa al régimen más beneficioso para los afectados y revisará de oficio las ya abonadas para devolver los ingresos indebidos.

La Consejería de Derechos y Servicios Sociales deberá dotar al ERA de los recursos materiales y humanos que hagan posible una gestión ágil y eficaz de las liquidaciones y de la información a los residentes y a sus familiares así como agilizar la incorporación al sistema de dependencia de los residentes que reúnan los requisitos.

Estas medidas se adoptarán después de que el pleno de la Junta General del Principado aprobase hoy una iniciativa de Podemos, modificada posteriormente a través de una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios del PSOE, IU, Foro y Ciudadanos, y a la que ha dado también su apoyo el PP pese a no suscribirla.

Para la diputada de Podemos Rosa Espiño, el Gobierno ha actuado "con opacidad" sobre este asunto pese a haber tramitado más de 4.000 expedientes de cobro y tener otros 2.000 aún pendientes de notificar a un colectivo "que quiere pagar lo que debe pero ni un euro más".

Tras advertir de que aún peor que no te informen es el hecho de que "te informen de forma incorrecta" sobre la deuda acumulada lo que requiere, a su juicio, suspender la tramitación de los expedientes dado que "el motor de un coche no se repara en marcha".

Pese al respaldo de sus populares, su portavoz, Matías Rodríguez Feito, ha lamentado que Podemos se haya "plegado" a los intereses del PSOE y haya modificado el texto de su iniciativa original al suprimir la exigencia de paralizar las liquidaciones, que pasan a ser suspendidas, y renunciar a reclamar una auditoría externa.

"Lo que aprobamos ahora es una moción del PSOE e IU porque Podeos se ha rajado en el último momento", ha señalado el diputado del PP durante un debate seguido desde la tribuna de invitados por representantes del colectivo de afectados por las reclamaciones realizadas desde el ERA, que se han manifestado también en el exterior de la sede del Parlamento asturiano.

Por el contrario, el resto de grupos han celebrado el consenso en torno a la iniciativa de Podemos que ha requerido "del esfuerzo de todos", según el PSOE, para afrontar una cuestión compleja "técnica y jurídicamente" a juicio de formaciones como Foro y Ciudadanos.

Para IU, que gestionó la entonces Consejería de Bienestar Social entre 2008 y 2011, las reclamaciones tramitadas ahora a los familiares de ancianos fallecidos no debería utilizarse "como arma arrojadiza contra este y anteriores gobiernos" con una cuestión que genera "confusión e incertidumbre" y de la que no se puede concluir que responda a "mala fe" por parte de ningún Ejecutivo.

Frente a las críticas del PP, que ha calificado de "inhumana e indecente" la gestión en el ERA de un Gobierno para el que los ancianos "son simples números", PSOE e IU han defendido un sistema público de residencias "pionero" en España y que carece de "afán recaudatorio" tras incidir en que los problemas en la tramitación de los pagos se han producido también en otra comunidades.

El ERA, que cuenta con 5.500 residentes y un presupuesto de 118 millones de los que 40 proceden de los ingresos que aportan los usuarios, tenía previsto enviar este año a los familiares de 1.880 personas fallecidas en residencias en 2014 y 2015 la liquidación de la deuda que tengan pendiente con la Administración regional, cantidades que van desde los 3.000 a los 70.000 euros.

La cuantía de la deuda se calcula en función de los años que el usuario estuviera en la residencia, así como de su pensión, de su patrimonio y del grado de dependencia después de que entre 2007 y 2011, cuando entró en vigor el copago, se dejara sin liquidar a 4.448 familias de ancianos fallecidos en ese periodo.

El contrato para ingresar en el ERA establece que puede ser exigible el abono de la diferencia entre lo que paga el interno según la cuantía de su pensión, con un máximo del 75 por ciento, y el precio real de la plaza -1.200 euros mensuales- una circunstancia de la que las familias afectadas aseguran que no fueron informadas.

En el exterior del Parlamento un grupo de familias y la plataforma de afectados por la deuda del ERA se han manifestado exigiendo esa moratoria y una auditoría externa sobre la cuentas del ERA.