Las investigaciones de la Operación Hulla se centran en el ayuntamiento de Aller
El exgerente de Incar implica al gobierno de Zapatero en el caso 'Hulla'
Novedades sobre la operación Hulla que está avanzando TPA Noticias. La UCO de la Guardia Civil pone el foco en el exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, y en su decisión de permitir el inicio de las obras de la residencia de Felechosa a pesar del informe técnico en contra.
Las pesquisas de la UCO se centran en las presuntas irregularidades urbanísticas que permitieron la construcción del geriátrico de Felechosa. La Guardia Civil quiere saber quién adoptó la decisión y si algún miembro de la corporación cobró dinero para hacer la vista gorda. Especial hincapié hacen en el hecho de que el entonces Alcalde, Gabriel Pérez Villalta, utilizase sus competencias como regidor para permitir que comenzasen las obras del geriátrico, a pesar de existía un informe técnico en contra. Villalta, todavía no ha sido llamado a declarar.
Quien sí lo ha hecho ha sido la exsecretaria del Ayuntamiento. Ante la UCO afirmó que el pleno aprobó por unanimidad la cesión gratuita de los terrenos al Montepío, a pesar de que ella había emitido un informe desfavorable al entender que no era una entidad pública y la cesión no podía ser gratuita.
Entre la veintena de testigos que han pasado ante la UCO, también figura el entonces concejal de urbanismo y actual Alcalde de Aller, David Moreno. Señala a Pérez Villalta como la persona que negoció con José Antonio Postigo todo lo relativo a la construcción del geriátrico y niega haber recibido presiones para otorgar permisos o modificar licencias.
Distinta visión tiene la que fuera concejala de turismo del Ayuntamiento o la exsecretaria. Ambas insisten en que el entonces responsable de la mutualidad, Postigo, presionaba a ambos para que se resolviesen los expedientes. En el Ayuntamiento de Aller se centra ahora la investigación.
Juan Miguel Benítez, el que fuera gerente del Instituto del Carbón hasta hace dos años, implica al Gobierno de Zapatero en la Operación Hulla. La Guardia Civil le interrogó hace tres semanas en la búsqueda de explicaciones a la modificación de un Real Decreto en 2009 que permitió a la residencia de Felechosa beneficiarse de una subvención de 30 millones de euros del Instituto del Carbón.
El cambio hizo posible que una entidad privada como el Montepío de la Minería gestionase ese dinero público. En la declaración, a la que ha tenido acceso TPA Noticias, Juan Miguel Benítez, asegura que el cambio en el Real Decreto vino impuesto desde el Gobierno de Zapatero y añade que, según su punto de vista, eso fue así por la presión que hizo José Ángel Fernández Villa.
En su declaración, Benítez dibuja al ex líder del Soma como un tipo con malos modales que en las reuniones sobre minería en el ministerio hacía alardes del poder que tenía. También cree que el Montepío de la Minería ocultó información al Instituto del Carbón desde el inicio del proyecto de la residencia para conseguir subvenciones, como que las instalaciones fueran de uso general y no sólo para los mutualistas.