La Audiencia abre juicio oral contra 15 imputados en el caso Renedo

Iglesias Riopedre, Renedo y Otero se sentarán en el banquillo

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acordado la apertura de juicio oral contra 15 procesados por el denominado caso Renedo por delitos que van desde el cohecho continuado y la prevaricación a la malversación de caudales públicos y la falsificación de documentos mercantiles.

Entre ellos se encuentra el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de Planificación en la misma consejería, María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo.

El auto de la Audiencia, contra el que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, dispone la apertura del juicio oral para los siete imputados a los que la Fiscalía y el Gobierno regional querían ver juzgados: los tres mencionados y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez, Antonio José Azorín y Maximino Fernández.

No obstante, la Audiencia también recoge que hay indicios de criminalidad por presuntos delitos de cohecho en las conductas de otros ocho procesados para los que otras acusaciones, entre ellas la Asociación de Vecinos de Llanes y el Bloque por Asturias, habían planteado también la apertura de juicio oral.

En concreto, el auto considera que hay base para que se sometan a enjuiciamiento las conductas de Paz Rodríguez Pendás, Isaac Ovies, José villa, José Manuel Fernández, José Manuel Blanco, Braulio Iglesias, Antonio Bernardo Sánchez y Francisco Javier Juárez.

Los magistrados entienden en este auto que de las actuaciones practicadas se desprende que los hechos investigados revisten caracteres de delito y que hay base suficiente para su persecución y proceder a la apertura de juicio oral para esos 15 procesados.

En el caso del ex consejero de Educación plantea su procesamiento por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exenciones fiscales.

Según el sumario instruido por el juez Ángel Sorando, Riopedre era conocedor de la existencia de irregularidades en el reparto de contratas entre Igrafo y Almacenes Pumarín y del pago de facturas falsas y de sobornos.

También imputa a la entonces número dos de su departamento, María Jesús Otero, por prevaricación, cohecho, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios y a la exjefa de servicio Marta Renedo por cohecho, falsificación de documentos oficiales y malversación de caudales públicos.

En este último caso, considera que la funcionaria dio un trato de favor a la empresa Igrafo para adjudicarle contratos a cambio de importantes sumas de dinero y que falsificaba expedientes completos de contratación para cobrar del Principado a través de una empresa ficticia que ella manejaba.

En el caso del gerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, el juez consideraba que existen suficientes indicios de que, previo concierto con funcionarios y cargos públicos de varias administraciones, les hacía regalos y favores "de forma habitual y sistemática" a cambio de un trato de favor en la adjudicación de contratos públicos.

En este caso solicita que se le abra juicio oral por posibles delitos de cohecho, falsificación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El instructor señalaba que habría facturado y cobrado suministros y servicios que no habían sido realmente servidos y que las principales beneficiarias de estas prácticas habrían sido la exdirectora general de Planificación, por un importe de al menos 1,4 millones, y la exfuncionaria Marta Renedo, por 504.500 euros.

Sorando atribuía la misma práctica al gerente de la empresa Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, y al de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que supuestamente realizó pagos no justificados por 220.349 euros a la empresa del hijo del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre.

La Audiencia acordó el pasado 21 de noviembre cerrar de forma definitiva la instrucción de este caso, en contra de la petición de la Fiscalía y de algunos de los imputados que querían que se revocase el sumario instruido por el juez Ángel Sorando.

Sorando había dictado un auto en octubre de 2013 en el que cerraba la fase de instrucción de la causa y reducía a 17 el número de imputados tras estimar los recursos interpuestos durante la tramitación del sumario por las 43 personas a las inicialmente había imputado el juez en esta presunta trama de corrupción.

De haberse aceptado la petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron varios de los imputados, habría sido necesario retrotraer a julio la instrucción realizada por Sorando, que desde julio ya no está al frente del juzgado número 2 de Oviedo, de un sumario abierto en enero de 2010 y que cuenta con 83 tomos y 41.000 folios.