La CE debe autorizar el acceso al informe que ve delito en la ampliación de El Musel

UPyD ha exigido al Principado que en el plazo de 15 días presente en la Junta el informe

La Comisión Europea (CE) debe autorizar el acceso al informe completo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre el proceso de ampliación del puerto de El Musel, que aprecia indicios de delito en la gestión de los fondos europeos que recibió dicha obra.

Así figura en el informe elaborado por el Consejo Consultivo del Principado a petición del Gobierno regional para conocer si podía o no hacer público el contenido del documento, que le fue remitido por el Ministerio de Fomento, del que depende Puertos del Estado.

Las obras de ampliación del puerto de Gijón, que fueron adjudicadas por 580 millones de euros y acumularon un sobrecoste de más del 40 por ciento por importe de 316 millones, recibieron unos 250 millones de euros de financiación comunitaria para su ejecución.

El documento del Consejo Consultivo advierte del carácter reservado del informe de la OLAF aunque reproduce algunas partes en las que pide a la CE que adopte las medidas necesarias para recuperar los 198 millones concedidos al proyecto y que se dejen de pagar los 50 millones pendientes de entregar a España.

La finalización del informe encargado por el Gobierno al Consejo Consultivo ha sido anunciada por la consejera de Fomento, Belén Fernández, ante el pleno de la Junta General durante su respuesta a una interpelación del diputado de UPyD Ignacio Prendes.

Fernández ha pedido respetar los principios de prudencia, presunción de inocencia y confianza en las instituciones públicas a la espera de que España, como perceptora de las ayudas europeas, presente sus alegaciones al informe de la OLAF dado que por el momento "no es posible ni confirmar ni negar" sus afirmaciones.

Además, ha garantizado que el Principado defenderá el esclarecimiento de todo lo relacionado con el proceso seguido para ampliar la terminal gijonesa cuya gestión, ha recordado, fue avalada entre 2004 y 2010 por la Intervención General del Estado.

Además, ha reclamado de los grupos "responsabilidad y altura de miras" en defensa de los intereses de Asturias y del puerto de Gijón cuya ampliación tuvo un coste "importante" por encima de lo previsto inicialmente, una circunstancia que ha considerado habitual en obras marítimas de esta envergadura y que también se produjo, en términos porcentuales superiores, en el caso del puerto de A Coruña.

Para el autor de la interpelación, el Gobierno regional se está "parapetando" detrás del Consultivo para no hacer público un informe "que debe ser conocido por todos los ciudadanos" y que "no es patrimonio ni del PP ni del PSOE" dado que tanto la administración central como la autonómica sí han tenido acceso al documento.

Prendes ha recordado que la de El Musel fue la mayor obra realizada nunca en Asturias y que la UE ya rechazó que se le intentase "colar" como segunda fase de la ampliación un modificado por importe de 262 millones ante la necesidad de contar con material de relleno procedente de canteras más lejanas que las previstas.

A su juicio, dicha obra, y el modelo de gestión con que se llevó a cabo, formó parte "del grandonismo propio de la política asturiana de los últimos años" y ha anunciado que en la moción subsiguiente a su interpelación pedirá que el Gobierno ponga a disposición de la Junta en un plazo de quince días el informe de la OLAF.

También el portavoz de IU, Aurelio Martín, ha cuestionado este proceso al no haberse anulado la adjudicación inicial tras constatar que ni la cantera que tenía comprometida la Autoridad Portuaria ni la que ponía a disposición una de las empresas adjudicatarias de la obra podían utilizarse para extraer el material de relleno.

"Aquí ha habido un 'tira que libras' y el objetivo era acabar el puerto y cobrar las ayudas europeas", ha subrayado Martín.

Por su parte, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, tras recordar que su grupo ya pidió una comisión de investigación en la Junta sobre este asunto que fue rechazada, ha criticado al Gobierno por su insistencia en intentar convertir en "enemigos" de El Musel a quienes lo son de la mala gestión en las obras públicas.

Para el portavoz socialista, Fernando Lastra, dado que la Abogacía del Estado sí estuvo de acuerdo con el proceso seguido, el Reino de España "tiene derecho a defenderse" y, cuando finalice el plazo de alegaciones dado por la Comisión Europea, habrá elementos de juicio "para decir se si hizo correcta o incorrectamente".