Ángel González, imputado por un delito de prevaricación

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía contra el diputado regional de IU Ángel González Álvarez por un supuesto delito de prevaricación en relación con unos contratos efectuados en 2010 cuando era viceconsejero de Bienestar Social y le ha citado a declarar como imputado para el próximo día 12.

El fiscal ha denunciado a Ángel González y al entonces secretario general técnico de su departamento, hoy jefe de la Sección de Personal Laboral de la Dirección General de Función Pública, R.M.T..

Los hechos por los que se presentó la denuncia están relacionados con la adquisición de más de medio centenar de monolitos para marcar fosas comunes y enterramientos realizados durante la guerra civil censados a raíz de la aprobación de la ley de memoria histórica.

Ángel González, que ha conocido la noticia de su citación como imputado durante el pleno de la Junta General del Principado, ha explicado que dará detalles de su imputación a las seis de esta tarde en rueda de prensa.

Según informa el TSJA, La Sala Civil y Penal de este tribunal ha abierto el correspondiente proceso penal en fase de instrucción para tratar de comprobar la realidad de los hechos y el magistrado instructor ha citado a declara a los dos denunciados en calidad de imputados para el día 12.

El auto del TSJA explica que los hechos objeto de denuncia se refieren a la existencia de indicios de fraccionamiento ilegal en la tramitación y ejecución de contratos menores realizados por la Consejería de Bienestar Social durante 2010.

La denuncia es fruto de las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público en agosto de 2012 tras un escrito remitido por el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

En dicho escrito se recogían las salvedades que la Sindicatura había realizado a la cuenta general del Principado del año 2010 en su informe de fiscalización del 22 de febrero de 2012.

De las diligencias practicadas, la Fiscalía considera que en septiembre de 2010 la jefa del Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Bienestar Social recibió la orden verbal por el viceconsejero o el secretario general técnico de tramitar un contrato de 76 hitos con un presupuesto de gastos de menos de 50.000 euros.

Añade que se le dio traslado de la existencia de tres ofertas económicas para ello y tras valorarlas la jefa informó al secretario general técnico de que debía hacerse como contrato de suministro por el procedimiento negociado mostrando éste su conformidad.

Así, se acordó hacer de este modo por ser la única forma de tramitación conforme a la ley de contratos del sector público.

La Fiscalía agrega que al día siguiente, cuando la jefa del Servicio de Asuntos Generales ya se encontraba preparando los pliegos acudió a su despacho el viceconsejero y le dijo que resultaba imposible tramitarlo por un procedimiento negociado porque eso llevaría mucho tiempo.

Ella le respondió que no podía hacerse como contrato menor de suministros, pues sería ilegal, por lo que llegaron a discutir hasta que finalmente la jefa del Servicio le manifestó su desacuerdo y le dijo que de hacerlo así ella se negaría a tramitarlo.

Tras la discusión, la mujer acudió al despacho de R.M.T. y éste le comunicó que tenía que hacerse como había dicho el viceconsejero porque era quien decidía, a lo que ella mostró su total oposición y su renuncia a la tramitación, según relata la Fiscalía.

Añade que así "la contratación se produjo finalmente como indicó el viceconsejero mediante una tramitación en contradicción tanto con las normas internas de la Consejería como con la normativa en vigor en materia de contratación pública y que concluyó con un fraccionamiento ilegal de un contrato que únicamente se produjo ante la arbitrariedad de la decisión del cargo político".

Por ello se dictaron por el viceconsejero las resoluciones de 4, 8 y 12 de noviembre de 2010, siendo a juicio de la Fiscalía arbitrarias y con el apercibimiento de que eran ilegales.

Ángel González dice que siempre actuó desde la legalidad y que no piensa dimitir