La Fiscalía rechaza la incapacidad solicitada para Villa por su familia

Considera que las limitaciones que padece "no le impiden gobernarse por sí mismo"

La Fiscalía del Principado de Asturias ha rechazado la solicitud de incapacidad planteada por la familia del el ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, para el exlíder sindical minero, que se enfrenta a un juicio por un presunto delito continuado de apropiación indebida en el sindicato.

El Ministerio Público ha informado de que considera que las limitaciones físicas y psíquicas que padece Fernández Villa "no le impiden gobernarse por sí mismo", por lo que no considera oportuno "por ahora" interponer demanda para modificar su capacidad, tal y como había sido solicitado su familia el pasado mes de marzo.

Por ello, la Fiscalía ha acordado el archivo de las diligencias informativas incoadas, en las que, a lo largo de casi cuatro meses, "analizó pormenorizadamente la abundante documentación existente al respecto".

La familia del ex líder sindical tiene aún la posibilidad de solicitar la incapacidad de Fernández Villa ante los juzgados.

La decisión de la Fiscalía llega después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo diera la semana pasada por cerrada la instrucción y elevara a la Audiencia Provincial la causa abierta por un delito continuado de apropiación indebida contra Fernández Villa y el exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide) Pedro Castillejo.

El juicio, que previsiblemente se celebrará en el primer semestre de 2018, queda pendiente del reparto y señalamiento por parte de la Audiencia.

La jueza ya había decretado el pasado mes de mayo la apertura de juicio oral contra Fernández Villa y Castillejo en la causa iniciada a partir de la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato, con la imposición de una fianza de 434.158 euros al primero y de 119.434 euros al segundo, por los importes presuntamente apropiados.

Además de las correspondientes indemnizaciones, la Fiscalía solicita en este caso cinco años de cárcel para Fernández Villa y tres y medio para Castillejo, unas penas que la acusación particular del sindicato, representada por el despacho Ontier, eleva a seis y cinco años de prisión, respectivamente.

Según el fiscal, el que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años ejercía una "posición de dominio absoluto" en la organización y era quien tomaba todas las decisiones, incluida la de crear el Infide y poner a Castillejo al frente de ese organismo.

El Ministerio Público expone en su escrito de acusación que Fernández Villa, "aprovechando su posición de absoluto control de la entidad, ideó un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal" que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.

Al margen de este caso, Fernández Villa también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó tras la última amnistía fiscal, y es uno de los investigados en la denominada Operación Hulla, que ha puesto el foco en el supuesto desvío de fondos en la construcción de un geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa.