La Unidad Central Operativa niega presiones y coacciones

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Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la investigación del asesinato del concejal de IU en Llanes Javier Ardines han afirmado que "la línea sentimental se vio clara desde las primeras averiguaciones" en su entorno personal, a la vez que han rechazado que uno de los supuestos sicarios fuera coaccionado en sus declaraciones.

En la quinta sesión de la vista oral con jurado popular que se desarrolla en la Audiencia de Oviedo han declarado un teniente y un sargento de la UCO que han explicado que primero se investigó el entorno sociolaboral y el vecinal de Ardines sin que se encontrara "ningún indicio de criminalidad" relacionado con el crimen cometido el 16 de agosto de 2018 en las inmediaciones de la vivienda del concejal en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría.

Tras comenzar entonces a indagar en la vida personal del edil "la línea sentimental se vio clara desde las primeras averiguaciones", han explicado los agentes.

El punto de partida fue el audio que el presunto inductor, Pedro N.A., grabó en diciembre de 2017 con su móvil en un restaurante para confirmar sus sospechas de que su mujer, a su vez prima segunda de la esposa del concejal, y Ardines mantenían desde hace tiempo una relación en secreto.

Los investigadores ya habían afirmado en la sesión de ayer que Pedro N.A. se vio "trastornado" por los celos porque "no se quitaba de la cabeza" la infidelidad.

Según las acusaciones, en julio de 2018, Pedro N.A., residente en Vizcaya, tomó la decisión de ejecutar su plan sabedor de que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines, en Belmonte de Pría, en Llanes, y para ello contactó con Jesús M. para que le buscase a personas que pudieran actuar como sicarios a cambio de dinero.

Uno de ellos, Djilali B. declaró ante la jueza que él y su compatriota argelino Maamar K. -que a diferencia de los otros tres acusados fue arrestado en Suiza- cobraron 25.000 euros cada uno, mientras que el mediador recibió 10.000.

Tras su detención, Djilali B. dijo que el encargo consistía en “darle una paliza” al concejal, pero los investigadores no le dieron credibilidad porque Ardines murió por asfixia al ser estrangulado, lo que denotaba intención de matar, según ha dicho un teniente de la UCO.

Sin embargo, sí dieron credibilidad al resto del relato del presunto sicario al aportar una serie de datos que cuadraban con lo investigado.

Otro sargento de la UCO ha negado haber "presionado" o "coaccionado" a Djilali B. a la hora de declarar, lo que ha motivado que el procesado le haya interrumpido a gritos varias veces para rebatirle, lo que ha provocado su expulsión de la sala a la tercera advertencia del magistrado-presidente del jurado.

Los investigadores han defendido que la UCO siempre trabaja desde la más estricta legalidad y en ningún momento se le presionó, ni se le pegó.

Además, han añadido que no consta en las actuaciones ninguna denuncia por presiones en su declaración y han recordado que el letrado que le representa es el mismo que le asistió tras su detención y no pidió tampoco las imágenes de las cámaras de vigilancia.

Pedro N.A., Jesús M. y Djilali B. fueron arrestados seis meses después del crimen -el 19 de febrero de 2019- cuando la investigación ya tenía el círculo cerrado y por tanto los detalles que aportó el presunto sicario reforzaron la actuación policial y confirmaron "lo que ya sabían".

Para la UCO no hay duda alguna de que el asesinato fue planificado el 27 de julio de 2018, día en que Pedro N.A. y Jesús M. se desplazaron a Belmonte de Pría junto al argelino Djilali B. para darle instrucciones sobre los horarios y las costumbres de Ardines para cometer el crimen junto con su compatriota y también acusado Maamar K.

Tras un primer intento fallido en la madrugada del 1 de agosto, volvieron a intentarlo según las acusaciones el 16 de agosto cuando los sicarios colocaron dos vallas de obra para impedir el paso del vehículo de Ardines y cuando éste se bajó para retirarlas, ambos le atacaron primero con un espray de pimienta y después le golpearon la cabeza con un palo o un bate de béisbol y le estrangularon hasta matarlo.

La defensa de Maamar K. ha solicitado la nulidad de las declaraciones de los dos miembros de la UCO de la Guardia Civil por mantener conversaciones con otros agentes que aún no han testificado en la Audiencia, pero el juez ha denegado “in voce” su petición.