La comisión de El Musel, condicionada por Puertos del Estado

Se ha ordenado y clasificado la información requerida por los grupos

La práctica totalidad de la documentación requerida por la Comisión parlamentaria encargada de investigar las obras de ampliación de El Musel debe ser remitida por Puertos del Estado y Autoridad Portuaria de Gijón, que no tienen obligación de hacerlo.

Más del 90 por ciento de los informes que la Comisión ha acordado reclamar hoy deberá ser entregado por esos organismos, según los cálculos del diputado socialista Marcelino Marcos Líndez, que ha advertido de que el trabajo de investigación se vería abocado al fracaso si éstos deciden no remitir la documentación que se les va a requerir.

No obstante, ha mostrado su confianza en que tanto desde Puertos del Estado como desde la Autoridad Portuaria, que depende del primer organismo, presten su colaboración a esta comisión, la segunda que hay actualmente en marcha en el Parlamento regional, que está investigando también los fondos mineros y la fortuna oculta del histórico sindicalista minero José Ángel Fernández Villa.

En la reunión de hoy, la comisión ha ordenado y clasificado toda la información requerida por los grupos, sin que ninguno de ellos haya puesto impedimentos a las solicitudes del resto.

"El volumen de información requerido es amplio", ha señalado la presidenta de la comisión, la diputada de Foro Marina Huerta, que ha señalado que serán ahora los servicios de la Cámara los que elaborarán un documento con los informes a requerir a la Unión Europea, el Gobierno regional, empresas y administración del Estado, principalmente.

En su mayor parte, se trata de informes contables, técnicos y jurídicos, auditorías, contratos, actas de consejos de administración y documentación relativa al proceso de licitación y adjudicación de los trabajos y las certificaciones de obras.

Estos organismos disponen de un plazo de quince días para remitir la información solicitada por lo que ésta debería estar ya en poder de la comisión a principios de febrero, antes de proceder a la solicitud de comparecencias.

Según Huerta, éstas podrían llevarse a cabo a finales de febrero, con lo que los plazos se encuentran muy ajustados para que el informe con las conclusiones pueda llevarse a pleno antes de que se disuelva la Cámara a mediados de marzo, dos meses antes de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.

Ante esta circunstancia, todos los grupos han coincidido en que deben agilizar y racionalizar los trabajos si se quiere acabar la investigación en los plazos previstos.

Para el portavoz popular en la comisión, José Agustín Cuervas-Mons, a la agilidad de los trabajos no va a contribuir alguna documentación solicitada sobre las fases previas a la obras de ampliación del puerto, si bien ha advertido de que su grupo no se ha opuesto a que se solicite.

"Va a ser muy difícil que de aquí a marzo pueda haber alguna conclusión si no se trabaja con sensatez, sentido común y rapidez", ha señalado.

El portavoz socialista también ha coincidido con el popular en las dificultades que entraña para la comisión investigadora la falta de tiempo, si bien ha puesto el acento en la necesidad de que se reciba la documentación pedida para que ésta pueda abordarse.

Ésta es la quinta comisión que se constituye en el Parlamento regional en esta legislatura y su creación se decidió a raíz de que la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) constatara en un informe que existen indicios claros de que se cometieron irregularidades y/o fraude en la financiación de las obras de ampliación y recomendó a la CE que recuperase el cien por cien de las ayudas concedidas.

Las obras de ampliación del puerto de Gijón, que fueron adjudicadas en 2005 por 580 millones de euros y acumularon un sobrecoste de más del 40 por ciento, recibieron unos 247,5 millones de euros de financiación comunitaria, de los que 198 millones ya han sido desembolsados.