La jueza prorroga la investigación del 'caso Hulla' hasta el mes de julio

La falta de un dictamen pericial técnico es la razón de la prórroga

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha prorrogado hasta el próximo mes de julio el plazo para la conclusión de las diligencias de investigación del denominado “caso Hulla” por las presuntas irregularidades cometidas en las obras de la residencia del Montepío de la Minería.

A través de un auto, la jueza ha acordado prorrogar la instrucción otros seis meses más, a computar a partir del día 29 de este mes, a petición de la Fiscalía debido a la falta de un dictamen pericial técnico que se había solicitado en la causa.

Este dictamen se ha visto retrasado “debido a la enfermedad y posterior fallecimiento de un perito”, según explica la jueza, y los otros peritos designados en el procedimiento calculan que no podrá estar terminado antes del próximo mes de febrero.

El dictamen pericial tiene relevancia debido a que, a través de esta diligencia, pueden derivarse “otras necesarias tales como aclaraciones al dictamen y necesidad de recabar datos resultantes de la información que se proporcione”, según consta en el auto.

La jueza recuerda que la investigación se inició el 13 de abril de 2017 y desde entonces ha sufrido varias prórrogas del plazo establecido, inicialmente por un período de 18 meses en noviembre de 2018 y posteriormente a través de un nuevo plazo extraordinario para la finalización de la instrucción el 29 de julio de 2021, que tuvo que volverse a ampliar en otros tres periodos más de seis meses de duración en julio de 2021 y en enero y julio de 2022.

La investigación afecta a una veintena de personas entre las que se encuentran el entonces secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo.

La defensa de José Ángel Fernández-Villa presentó el 9 de diciembre de 2022 un escrito en el juzgado donde muestra su oposición a la prórroga acordada hasta el próximo mes de julio.

El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación o directamente un recurso de apelación.

La Fiscalía Anticorrupción inició esta investigación a raíz de que Fernández Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal del año 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, dinero que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.