La oferta de empleo público de Asturias de 2023 cubrirá 1.924 vacantes con personal fijo
El Gobierno busca avanzar en la senda de la estabilización
El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado la oferta de empleo público de 2023, que incluye 1.924 plazas que, en todos los casos, se corresponden con vacantes de manera que no se crean nuevos puestos sino que convocan aquellos ya existentes que es necesario cubrir con personal fijo a través de los correspondientes procesos de selección.
El objetivo es, según el Gobierno, garantizar la continuidad de los servicios públicos y avanzar en la senda de la estabilización mediante la reducción de la temporalidad de la plantilla.
La distribución de la OPE reserva 732 plazas en el ámbito del Servicio de Salud, con especial incidencia en el personal médico y de enfermería; 87 en los cuerpos de funcionarios docentes y 877 para personal funcionario y laboral, entre el que se encuentra personal de centros de asistencia directa al ciudadano como enfermería, auxiliares de enfermería y auxiliares educadores de centros del organismo autónomo ERA y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, así como plazas de bombero para el Servicio de Emergencias (Sepa).
La relación se completa con 48 puestos para la estabilización por el procedimiento de concurso y 180 de promoción interna para delineantes y guardas del medio natural a la vez que se ceden cinco plazas a la Universidad de Oviedo y otras cuatro al Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) para que las incluyan en sus respectivas ofertas de empleo público.
La nueva OPE prevé varias promociones internas como la de 112 plazas de bombero en el ámbito del Servicio de Emergencias y de otras 180 para cumplir la Ley de Empleo Público, que facilitará que los guardas del medio natural puedan promocionar al nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, y en ese conjunto de puestos por promoción interna también se incluyen las plazas de delineante.
La oferta de empleo público no es un instrumento parcial o compartimentado, sino que se aplica en el conjunto de la Administración autonómica, lo que incluye tanto el ámbito educativo como el sanitario, los servicios sociales, la prevención y extinción de incendios y el resto de servicios públicos y administrativos.