Las acusaciones rechazan anular las escuchas a los presuntos asesinos de Ardines

La fiscal niega que hubiera presiones de la Guardia Civil para que los acusados se autoinculparan

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que desestime la petición de nulidad de las escuchas telefónicas interesada por las defensas de los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, en agosto de 2018, al negar que se vulneraran sus derechos fundamentales.

La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acogido hoy la vista oral de los recursos de apelación de las defensas frente al auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que, el pasado mes de febrero, denegó la nulidad de las escuchas.

La fiscal ha negado que hubiera presiones de la Guardia Civil para que los acusados se autoinculparan y ha considerado que el auto de la jueza de Llanes por el que se decretó la incomunicación de los procesados era procedente.

La acusación pública ha indicado que existían numerosas pruebas contra los acusados sobre su participación en el asesinato y ha dicho que los abogados defensores pretenden suplir el silencio inicial durante la fase de instrucción con la petición de nulidad durante la fase de cuestiones previas al juicio con jurado que se celebrará a partir del próximo 6 de septiembre.

El abogado Raúl Martínez Turrero, que ejercita la acusación particular en nombre de la familia de Javier Ardines, ha rechazado la existencia de elementos jurídicos nuevos que justifiquen la petición de nulidad y ha reclamado el mantenimiento del auto de la Audiencia que confirmó la validez de las escuchas telefónicas.

El abogado Javier Beramendi, defensa del presunto inductor del crimen, Pedro Luis N., ha asegurado que hubo una injerencia indebida ya que se intervinieron los teléfonos de su defendido y sus familiares y se instalaron micrófonos para escuchar las conversaciones que mantenían entre sí en el interior de sus vehículos.

El letrado ha asegurado que sólo había conjeturas en la investigación policial sin que se aportaran datos incriminadores sobre su participación en el asesinato.

La defensa ha apuntado a las hipótesis de los investigadores sobre los posibles móviles del crimen, entre otras posibles infidelidades, motivos políticos y desavenencias de Ardines con vecinos, y ha incidido en un informe elaborado el 5 de septiembre de 2018 donde figura el ADN de una mujer en el vehículo, en las vallas que obstruyeron el camino para facilitar el crimen y en las uñas del concejal sin que los investigadores siguieran esta pista.

A juicio de la defensa, las pruebas están viciadas y sólo pueden conducir a la nulidad y ha censurado que durante la declaración de su representado había ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil, uno de los motivos de su recurso para justificar la nulidad.

El abogado Luis Mendiguren, defensa del presunto intermediario, Jesús M., ha afirmado que el auto de incomunicación impidió el derecho de defensa e incluso ha apuntado a la posibilidad de que no pueda haber un juicio justo.

El letrado Adrián Fernández, defensor de Djillali B., ha señalado que no se permitió a su representado estar asesorado por un letrado, cuando podría haber optado por no declarar lo que hubiera cambiado su situación procesal.

La defensa ha resaltado que este tipo de autos de incomunicación son más propios de casos de terrorismo y ha descartado que su defendido formase parte de una banda criminal organizada.

Por su parte, el abogado Fernando Barutell, defensa de Maamar K.,ha dicho que la jueza instructora en aras de agilizar la investigación admitió el “todo vale” y que el fin justifica los medios y, por tanto, en busca de los asesinos de Ardines dictó el auto de incomunicación que debería ser anulado.

El presunto inductor, Pedro Luis N., el intermediario Jesús M. y los dos sicarios argelinos Djillali B. y Maamar K. han seguido la vista a través de una videoconferencia desde los distintos centros penitenciarios donde están cumpliendo la prisión preventiva.