Los servicios jurídicos de la Junta instan al Principado a informar de Amazon

Ripa considera que ha quedado constatado que la postura del Ejecutivo regional era 'ilegal'

Los servicios jurídicos de la Junta General han acogido una queja de Podemos y han dado al Gobierno del Principado un plazo de tres días para que aporte la información solicitada por la formación morada sobre los expedientes relativos a la llegada de Amazon a Asturias para la instalación de una plataforma logística en el polígono de Bobes.

El informe, fechado ayer, lunes, recuerda que el Gobierno alegó en su respuesta que "la operación" está sometida aun "acuerdo de no divulgación", a la vez que hizo referencia a una "jornada de trabajo" mantenida por los grupos parlamentarios con representantes de la multinacional de comercio electrónico, a lo que Podemos alegó que ello no puede suponer "una excusa jurídica para esquivar el control parlamentario".

Los letrados de la Junta consideran que esa "jornada de trabajo" y la existencia de un "acuerdo de no divulgación" no pueden ser "causa jurídicamente eficiente para no facilitar los expedientes solicitados".

A este respecto, incide en que las únicas causas para denegar información deben estar "fundadas en derecho" y en este caso "la Administración no identifica una norma legal como fundamento de la denegación de la documentación".

Los servicios jurídicos consideran que, "aun sin conocer los expedientes (...) no es aventurado señalar que habrá tramitaciones administrativas respecto de las que la confidencialidad no haga al caso".

Los letrados señalan que en los contratos del sector público las cláusulas contractuales de confidencialidad son "inoperantes", al igual que también hay numerosas operaciones del sector público que se rigen por el derecho privado -como la compra de inmuebles o los contratos de arrendamiento- que tampoco quedan "fuera del escrutinio de los diputados".

En este caso, apuntan, el sector público está representado por Sogepsa, que ha intervenido en la operación y que además posee prácticamente la mitad del capital de Sogesproa, empresa encargada de urbanizar las parcelas que, sin ser pública, también está presidida por el consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño.

Tras conocer la resolución de los servicios jurídicos del parlamento, el diputado y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha considerado que ha quedado constatado que la postura del Ejecutivo regional era "ilegal".

Tras acusar al Gobierno de querer "borrar la huella de la acción parlamentaria" o de "actuar como un comercial de Amazon", Ripa ha pedido "luz y taquígrafos" sobre las condiciones pactadas para la instalación de Amazon, pero también sobre sus "efectos" sobre el tejido del pequeño comercio y el empleo.

Ripa, quien se ha preguntado "si hay alguna clase de favores que se está haciendo a Amazon", ha afirmado que hay informes realizados en varios países que constatan que el gigante del comercio electrónico destruye en el comercio presencial el doble del empleo que genera la propia multinacional, que además es de "una calidad muy mala".

Según Podemos, la llegada de Amazon a Asturias, prevista para 2022, va a "acelerar" la tendencia de las compras por Internet en detrimento del pequeño comercio y las grandes superficies.