PSOE y PP pactan una nueva Ley de Cajas

PSOE y PP han pactado una nueva reforma de la Ley de Cajas para adaptarla a la normativa nacional y ahondar en la profesionalización del consejo de administración de Cajastur que reducirá su tamaño, incorporará representantes de los centros asturianos y estará abierto a la incorporación de inversores privados que compren cuotas participativas de la entidad.

Tras el acuerdo entre ambos grupos parlamentarios, al que no se sumará IU que discrepa del decreto estatal que obligó a estas modificaciones al entender que se abría el camino de la privatización de las cajas, el texto será aprobado por trámite de urgencia en el pleno que la Cámara celebrará el 17 de diciembre.

Según ha indicado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra, el acuerdo ha sido posible gracias a un trabajo "discreto" y "serio" de ambos grupos que ha permitido elaborar la legislación "más seria y rigurosa de España".

Lastra ha subrayado que la reforma sigue la senda a favor de la profesionalización de la gestión de Cajastur ya iniciada en el año 2000 cuando el sector mayoritario del Grupo Socialista pactó con el PP una nueva Ley de Cajas en contra del criterio del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.

En esta ocasión, ha incidido, el diputado socialista tanto los responsables de Cajastur como el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Gijón -como entidad fundadora junto al Parlamento, los impositores y los representantes de los trabajadores han estado "al tanto" de las conversaciones entre PSOE y PP.

Entre las novedades figura un régimen de incompatibilidades que impide que puedan formar parte de la Asamblea General y del consejo de administración quienes desempeñen un cargo político electo y, en el caso del órgano ejecutivo, se exige como requisito haber ejercido un mínimo de cinco años funciones de dirección en una entidad financiera o en organismos públicos o privados de análoga dimensión.

La reforma reduce además del 50 al 40 por ciento la representación del sector público en ambos órganos de forma que este último será el porcentaje que ostenten a partir de ahora de forma conjunta la Junta General y el Ayuntamiento de Gijón, como entidades fundadoras, y el resto de ayuntamientos con presencia de Cajastur.

Los trabajadores de la entidad mantendrán una representación del 10 por ciento mientras que los impositores pasarán del 40 al 45 por ciento mientras que se contempla la incorporación al consejo, con un 5 por ciento, de una representación de los centros asturianos.

Según Lastra, esta incorporación responde a un "interés muto" de Cajastur y del colectivo de emigrantes asturianos en España y en el extranjero cuya presencia en otros países y comunidades autónomas coincide con la expansión de la entidad financiera.

La ley prevé además una reducción del tamaño de los órganos de gobierno de forma que la Asamblea General pasará de los 300 miembros actuales a un máximo de 160 -aunque esta cifra se limitará a 150- y el consejo de administración reducirá sus integrantes hasta un tope de 21 aunque los designados por la entidad serán únicamente 19.

Las plazas restantes podrían corresponder a quienes compren las cuotas participativas que la entidad decidiera poner a la venta para buscar financiación y que, tras la reforma aprobada a nivel nacional, pasan a tener derechos políticos y pueden ocupar plazas en sus órganos de gobierno con una representación proporcional al porcentaje que supongan sobre el patrimonio total de la entidad.

Lastra se ha mostrado satisfecho de que PSOE y PP hayan logrado "sin tensión ni crispación" una reforma legal que dota a Cajastur del marco legal precioso para seguir "su andadura" en el proceso de reforma de las cajas de ahorros en España.