Riopedre defiende su inocencia y Otero niega favores

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre ha defendido hoy su inocencia ante la comisión que investiga el caso Marea mientras que la exdirectora de Planificación, María Jesús Otero, ha negado trato de favor a empresas y la exfuncionaria Marta Renedo ha rechazado declarar en la primera sesión de comparecencias ante este órgano parlamentario.

Los tres comparecientes, acompañados de sus abogados, se han acogido además a su derecho a no responder las preguntas de los parlamentarios al estar imputados en la causa abierta por un juzgado de Oviedo para investigar una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en la administración autonómica asturiana.

Iglesias Riopedre, el primero en sentarse a declarar, se ha limitado a leer un comunicado en el que proclamaba su inocencia y ha lamentado que no se haya concretado ninguna acusación contra él dos años después de que se iniciase la instrucción de la causa.

"Reivindico mi inocencia respecto a los delitos que se me imputan sin concreción ninguna de los hechos", ha afirmado tras negar también que ni en su etapa en el Gobierno ni ahora conociera a la exfuncionaria Marta Renedo, principal imputada en la causa.

Además, ha afirmado que "nunca" obtuvo ningún ingreso ajeno a los declarados fiscalmente ni ha dispensado tratado de favor alguno a personas o empresas ni haber pedido ni recibido "gratificaciones regalos o recompensas" por decisiones adoptadas como consejero.

En su testimonio únicamente ha admitido que pudo "cometer errores" al ser "imprudente" en sus relaciones personales o en utilizar algunas expresiones coloquiales.

El consejero entre 2003 y 2010, cuando dimitió alegando motivos de salud, fue detenido en enero de 2011 y pasó 40 días en prisión de la que salió tras pagar 100.000 euros de fianza y ser imputado, entre otros, de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude.

Por su parte, la número dos de su departamento en su etapa como consejero, María Jesús Otero, ha asegurado que no tenía competencia para firmar contratos menores y que las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos propietarios también están imputados en la causa, no recibieron ningún trato de favor.

Así, ha afirmado que nunca dio ninguna instrucción para que se comprase a dichas empresas, que disponían de más del 90 por ciento de material escolar homologado y que ya eran los mayores proveedores del Principado en este ámbito y de la antigua Dirección Provincial de Educación, dependiente del Ministerio.

Otero ha subrayado que estas empresas que tenían una posición "prevalente" en el mercado como proveedoras del Principado y de otras administraciones públicas y que sólo dio instrucciones para que en las adjudicaciones se atendiese al precio y al servicio que prestasen las compañías contratadas.

Otero cesó en su cargo el mismo día que su superior jerárquico y solicitó su jubilación y, tras ser detenida el 26 de enero de 2011, ingresó en prisión y permaneció encarcelada más de un mes imputada por los delitos cohecho, tráfico de influencias y fraude, entre otros hasta que satisfizo una fianza de 200.000 euros

El turno de comparecientes en esta primera jornada lo ha cerrado la exfuncionaria Marta Renedo, que se ha acogido a su derecho a no declarar, y se ha limitado a señalar a los periodistas, a su salida de la sesión, que lo ocurrido era "lo previsible" y que le hubiera gustado responder "a muchas" de las preguntas que le formularon.

La sesión continuará mañana con la presencia del expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces, y de los exconsejeros Jaime Rabanal, Ana Rosa Migoya, Encarnación Rodríguez Cañas y Herminio Sastre, mientras que el exviceconsejero Luis Iturrioz no comparecerá al haber sido devuelta su citación por no estar bien el domicilio.