Rodríguez Braga niega el desvío de fondos de los cursos de formación

Primera sesión del juicio contra UGT Asturias por presuntas irregularidades en los fondos de formación

El ex secretario general de UGT de Asturias Justo Rodríguez Braga, que afronta una pena de diez años de cárcel por el presunto desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014, ha negado este martes que hubiera fraude de subvenciones, mientras su defensa ha alegado indefensión ante una investigación sin control jurisdiccional.

El Juzgado de lo Penal número 3 ha desarrollado este martes la primera de las dieciséis jornadas previstas en un juicio en el que también están acusados otros cinco exdirigentes y técnicos de la organización sindical, tras una investigación que se inició en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares realizada en Sevilla.

La Fiscalía sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante subterfugios con los que UGT y su fundación IFES lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones.

Además, considera que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Según la Fiscalía, para ocultar a la administración el sobrecoste en que incurrían, recurrían al aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con tres sociedades de las que se proveían de los bienes y servicios para las actividades formativas tanto a nivel nacional como regional.

Frente a ello, Rodríguez Braga, que estuvo al frente del sindicato entre los años 2000 y 2016, ha negado "rotundamente" las acusaciones y ha explicado que el sindicato recibía subvenciones para la formación que pasaban "todos los controles" para la justificación del gasto.

Según ha dicho, el sindicato siempre atendía a las advertencias que a veces hacía llegar el Principado y en ocasiones se producían discrepancias que se resolvían en los tribunales, que unas veces daban la razón a la organización y en otras a la administración.

Previamente a su declaración, su defensa ha aprovechado las cuestiones previas para alegar la conculcación de derechos fundamentales e incidir en la nulidad de la instrucción al considerar que se hizo una investigación sin control jurisdiccional que demoró las garantías a un proceso justo.

Su abogado ha asegurado que la primera noticia que tuvieron tanto Rodríguez Braga como el resto de acusados fue a través de un oficio de la UCO), fechado el 17 de diciembre de 2014, donde se les comunicaba la apertura de unas diligencias penales por fraudes en subvenciones en varias ciudades españolas.

Transcurrieron cinco meses desde la noticia sin envío de la notificación a los investigados y esa situación, en opinión de la defensa, que también ha aludido a la posible prescripción de algunos delitos, les causó una situación de indefensión que se prolongó "durante un año o incluso dos", al no ser informados sin demora y de forma detallada de la acusación.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Principado, que ejerce la acusación particular, y el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan), que ejerce la popular, han coincidido en rechazar esa indefensión y el Ministerio Público ha defendido que la instrucción fue "correcta", algo que ha sido refrendado por la jueza.

La magistrada ha rechazado "in voce" las peticiones de nulidad de actuaciones y resolverá en sentencia la petición de prescripción de los delitos para practicar pruebas que constaten las fechas de inicio y finalización de los hechos imputados.

En el juicio, que proseguirá el jueves, también están acusados otros tres exdirigentes y dos técnicos del sindicato, que afrontan peticiones de pena de entre cuatro y diez años de prisión.

Se trata de Mónica Menéndez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur; Manuel Díaz Cancio, ex secretario de formación, y María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur, así como de los técnicos Alberto González, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, y Silvia Sariego, encargada de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación del sindicato.

Además, el propio sindicato, como entidad jurídica, se enfrenta al pago de una multa de 244.028 euros, así como a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.