Anticorrupción se querella contra Duro Felguera por pagar sobornos

Presuntos delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el grupo asturiano Duro Felguera, su presidente, Ángel Antonio del Valle Suárez y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo de capitales.

Los hechos denunciados derivan de una investigación previa, iniciada en marzo de 2015 tras un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), por los supuestos cohechos millonarios a altos funcionarios de aquel país, con el objetivo de conseguir contratos para nuevos proyectos en Caracas y su área de influencia.

Anticorrupción, que también dirige su acusación contra el anterior presidente de la compañía, Juan Carlos Torres Inclán, destaca el contrato suscrito en 2009 con la empresa pública Electricidad de Caracas por importe de más de 1.500 millones de euros.

Para esto, Duro Felguera "firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno de dicho país", a fin de "encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".

A través de ellos, continúa el relato, Torres Inclán y del Valle, como responsables, "decidieron entregar" hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) a otro de los querellados, Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006, para que "usara su capacidad de influencia", en contra del criterio de otros directivos de la empresa.

En concreto, el Ministerio Público advierte de tres acuerdos, el primero de 25 millones de dólares (21 millones de euros) firmado en diciembre de 2008 con el presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios Melean, al que considera testaferro de Villalobos, quien "no podía aparecer formalmente por incompatibilidad con su anterior desempeño del cargo".

Paralelamente, las partes suscribieron un segundo contrato por valor de 53,9 millones de dólares (45,5 millones de euros) en concepto de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica prestados por Terca a Duro Felguera para la construcción de una central termoeléctrica en la capital bolivariana, que fueron abonados a cuentas en diversos bancos con sede en Suiza.

En 2011, Terca "debido a la imposibilidad de continuar prestando los servicios acordados" cedió todos los derechos y obligaciones contractuales a Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, sociedad de la que son directores y copropietarios Villalobos y su mujer, Milagros Coromoto Torres, contra quien también se dirige la querella.

Anticorrupción duda de la autenticidad de este contrato ya que "las condiciones establecidas no fueron cumplidas", y estima que "existen varios elementos que permiten concluir que fue ficticio (...) para realizar pagos a Villalobos y conseguir sus favores e influencias ante las autoridades venezolanas".

Con el objetivo de "aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas", Villalobos adquirió un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, tasada en 2,6 millones de euros, en tanto que transfirió dos millones de dólares (1,7 millones de euros) a la sociedad estadounidense Auyantepuy, cuyo beneficiario final era él mismo.

Entre el listado de funcionarios, la Fiscalía señala a los querellados el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, y a la abogada del Ministerio de Energía del país, Julia Van Den Brule, que habría recibido, al menos, un pago de 70.000 euros en 2009.