La UE aplicará un arancel al acero sucio, pero eliminará derechos de emisión de CO2

Barbón celebra el arancel climático: "Beneficia a la industria asturiana"

Las instituciones de la Unión Europea llegaron hoy a un acuerdo para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países.

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo pactaron la creación un "mecanismo de ajuste de carbono en frontera", que forma parte del paquete "Fit for 55" presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.

La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

Este mecanismo es "una parte clave" de la acción climática de la UE, "garantizará un tratamiento equilibrado" de la importaciones de los productos seleccionados y "está diseñado para alentar a nuestros socios en el mundo a unirse a los esfuerzos climáticos" de los Veintisiete, destacó el ministro de Industria y Comercio de Chequia, Jozef Síkela, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la UE este semestre.

En particular, este gravamen se aplicará a partir de el 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.

Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.

El acuerdo "es una primicia mundial en el marco del Pacto Verde, una vez más. Por primera vez, vamos a garantizar un trato justo entre nuestras empresas, que pagan un precio del carbono en Europa, y sus competidoras extranjeras, que no lo hacen. Se trata de un gran paso que nos permitirá hacer más por el clima, protegiendo al mismo tiempo nuestras empresas y nuestros empleos", destacó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, Pascal Canfin.

En particular, los importadores europeos de los productos afectados tendrán que obtener, primero, una autorización y, después, comprar los derechos de emisión de CO2 correspondientes al precio del carbono que se habría pagado si esos mismos bienes se hubiesen producido dentro de las fronteras del club comunitario.

Antes de que finalice el período de transición, la Comisión evaluará si amplía el ámbito de aplicación a otros bienes con riesgo de fuga de carbono, incluidos los productos químicos orgánicos y los polímeros, con el objetivo de incluir todos los bienes cubiertos por el RCDE para 2030. También evaluará la metodología. para las emisiones indirectas y la posibilidad de incluir más productos aguas abajo.

En virtud del acuerdo, la gobernanza del mecanismo de ajuste de carbono en frontera ahora estará más centralizada, con la Comisión a cargo de la mayoría de las tareas.

Para fines de 2027, el Ejecutivo comunitario realizará una revisión completa, incluida una evaluación del progreso realizado en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, así como el impacto en las importaciones de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados.

La idea es que este mecanismo de ajuste de carbono en frontera sustituya progresivamente el reparto de derechos gratuitos de emisión dentro del sistema ETS de comercio de emisiones que existe en la actualidad para evitar que la deslocalización de aquellas industrias en riesgo de fuga de carbono hacia países menos exigentes en materia medioambiental.

La idea original de Bruselas es que la mayor parte de la recaudación procedente de este gravamen en frontera al carbono se utilice como nueva fuente de ingresos para el presupuesto de la UE. En concreto, el Ejecutivo comunitario quiere que el 75 % de dichos ingresos (unos 1.000 millones anuales entre 2026 y 2030) contribuyan al pago de la deuda adquirida en el marco del fondo de recuperación.

Este acuerdo parcial depende ahora de que se alcance otro acuerdo sobre la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.

El Parlamento y el Consejo tendrán que aprobar formalmente el acuerdo antes de que la nueva ley pueda entrar en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Barbón celebra el arancel climático: "Beneficia a la industria asturiana" 

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha celebrado la decisión de la UE de establecer un arancel climático a las importaciones de algunos productos como el hierro, el acero o el aluminio al subrayar que beneficiará a la industria asturiana.

"Por fin. Tres años y medio después de que Asturias lo reivindicara y a su vez España lo planteara ante la Unión Europea, se consigue algo que es justo y beneficia a la industria asturiana", ha expuesto Barbón a través de uno de sus perfiles en las redes sociales tras conocer la decisión adoptada.

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países.

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han pactado la creación un "mecanismo de ajuste de carbono en frontera", que forma parte del paquete "Fit for 55" presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.

La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

En particular, este gravamen se aplicará a partir de el 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.

Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.

Jonás Fernández: El arancel climático es un avance fundamental para Asturias

El eurodiputado socialista por Asturias Jonás Fernández ha afirmado que la decisión de la UE de establecer un arancel climático a las importaciones de algunos productos como el hierro, el acero o el aluminio es un "avance fundamental para garantizar la sostenibilidad del sector industrial asturiano".

“El establecimiento de un gravamen a las importaciones de CO2 es uno de los grandes compromisos con los que los socialistas de Asturias concurrimos a las elecciones europeas de 2019. Es una gran satisfacción que ya sea una realidad", ha subrayado este martes a través de un comunicado.

El eurodiputado ha recalcado que es una "gran noticia que el Parlamento y el Consejo de la UE hayan alcanzado ya un acuerdo provisional sobre el arancel ambiental, que entrará en vigor en el año 2023, tal y como establecían los plazos comprometidos".

Según ha recalcado el ajuste de carbono, "largamente demandado por el sector fabril asturiano, permitirá que las industrias europeas no pierdan competitividad respecto a las de países terceros como consecuencia del cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE".

Por otro lado, Fernández ha apuntado que está previsto que, en los próximos días, la Comisión Europea dé luz verde al Plan de Transición Justa de España, del que Asturias será la "principal receptora de fondos".

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países.

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han pactado la creación un "mecanismo de ajuste de carbono en frontera", que forma parte del paquete "Fit for 55" presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.

La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

En particular, este gravamen se aplicará a partir de el 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.

Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.

FADE asegura que el arancel climático reducirá la "brecha de competitividad"

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha celebrado la decisión de la UE de establecer un arancel climático a las importaciones de algunos productos como el acero, el aluminio o el hierro porque permitirá reducir "la brecha de competitividad" que sufre la industria comunitaria, y por ello ha reclamado celeridad en su puesta en marcha.

Calvo ha recordado que se trata de una medida reivindicada desde hace tiempo ante el "importante e injustificable agravio comparativo" que sufría la siderurgia europea frente a aquellos países extracomunitarios que no están sujetos a penalizaciones económicas a causa de las emisiones de CO2.

"Ahora que el Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado un pacto debemos pedirles celeridad a la hora de hacer efectiva esta medida" porque es "una necesidad inaplazable", ha reclamado la presidenta de la patronal asturiana.

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países.

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han pactado la creación un "mecanismo de ajuste de carbono en frontera", que forma parte del paquete "Fit for 55" presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.

La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

En particular, este gravamen se aplicará a partir de el 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.

Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.