Gobierno y comunidades destinarán más de 2.000 millones en el nuevo modelo de cuidados

Prioriza la atención en el hogar y en entornos comunitarios

El Gobierno y doce comunidades autónomas van a destinar más de 2.000 millones de euros para transformar el modelo de cuidados en 2025, que prioriza la atención en el hogar y en entornos comunitarios frente al modelo actual de grandes residencias.

El ministerio de Pablo Bustinduy ha lanzado el plan operativo para desarrollar en 2025 la 'Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad', aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, que prima los cuidados personalizados en el hogar para que las personas que lo deseen puedan permanecer en sus entornos.

En concreto, este plan, que se dirige a personas mayores, con discapacidad, menores migrantes tutelados y personas sin hogar, moviliza 2.053.100 euros aportados por los gobiernos de doce comunidades autónomas y por el Gobierno de España, que financiarán 695 actuaciones el próximo año.

Las comunidades son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

El objetivo del plan es transitar hacia un modelo que ofrezca cuidados personalizados en el hogar de cada usuario, así como transformar el actual modelo de atención en grandes residencias hacia un modelo de pequeña escala dentro de los entornos comunitarios.

Vivienda digna para evitar residencias
Las líneas estratégicas del plan son fomentar el acceso a una vivienda digna que evite la institucionalización y permita recibir los cuidados.

Así, una gran parte de las actuaciones del plan están encaminadas a garantizar las condiciones que permiten a las personas con dependencia quedarse en su hogar o acceder a viviendas con apoyos en la comunidad para seguir construyendo su proyecto de vida.

"La vivienda no es solo un derecho, sino la condición necesaria para que se puedan desplegar otros muchos derechos, como el de los cuidados dignos y la autonomía personal", ha aseverado Pablo Bustinduy.

Cinco ejes de actuación

- Prevención de la institucionalización: Recoge 233 actuaciones con una dotación de 602,6 millones de euros. Entre ellas, la creación de una red de 100 viviendas de titularidad pública de inserción social en Galicia (modelo Housing First), oferta de vivienda en alquiler de la Generalitat de Cataluña o subvenciones para alquiler para jóvenes extutelados en Castilla-La Mancha.

- Participación y concienciación social: Las 125 actuaciones, por un importe de 131 millones de euros, buscan fomentar la toma de decisiones sobre sus vidas de los usuarios. Un ejemplo es el proyecto de la Comunidad Foral de Navarra para incluir a las personas con necesidades de apoyo y sus familiares en la elaboración de los planes individuales de atención o las subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia en Ceuta y Melilla para crear consejos de participación infantil y adolescente.

- Transformación de modelos de cuidado para ofrecer a los profesionales las herramientas para poder personalizar los cuidados. Son 183 actuaciones que movilizan 687,2 millones de euros. Entre ellas, el proyecto 'Apoyos conectados para la autonomía personal' de Aragón, que incorpora la figura del gestor de apoyos.

- Servicios para crear alternativas dignas para vivir en la comunidad. Contempla 125 actuaciones con una estimación de 584,3 millones de euros. Entre ellas se encuentra la creación de centros multiservicios y centros para atención a la fragilidad y prevención de la dependencia en el marco de la Estrategia CuidAs del Principado de Asturias.

- Modificación de la Ley de Dependencia y desarrollo de un sistema de gobernanza y coordinación de la propia estrategia que fomente la participación activa de todos los agentes. El eje recoge un total de 29 actuaciones con 47,9 millones de euros.

Derechos Sociales explica que el plan operativo 2024-2025 ha sido elaborado mediante un proceso participativo con otros ministerios y con comunidades autónomas para asegurar que las políticas propuestas están lo más ajustadas posible a las realidades locales.