La consejería de Educación del Principado no convocará el próximo año oposiciones a docentes de enseñanza pública según ha confirmado a TPA, Ana González, poco antes de participar esta mañana en una reunión en Madrid.
Allí también ha expresado su disconformidad con el proyecto de reforma de la ley de educación que esta tarde presentará el ministro Wert a todos los consejeros.
La propuesta ministerial indica que los alumnos deberán elegir entre Religión confesional y la alternativa Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria, y desaparece la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, que iba a sustituir a Educación para la Ciudadanía.
Además, las materias troncales supondrán no menos del 50 por ciento del total de los horarios tanto en primaria como en secundaria obligatoria y bachillerato.
Entre los aspectos académicos, en primaria, secundaria obligatoria y bachillerato las asignaturas se agruparán en tres bloques: troncales, de especialidad y específicas.
A la administración central corresponderá determinar los contenidos y el horario mínimo de las asignaturas troncales -sin que se precisen porcentajes en el borrador-, y fijar el horario máximo de las asignaturas específicas.
Sobre las pruebas que deberán pasar los alumnos al final de ESO y bachillerato, los criterios de evaluación y características serán establecidos para todo el sistema educativo por el Ministerio, mientras que corresponderá a las comunidades realizarlas.
Los alumnos de FP básica también tendrán opción de titularse en la ESO bajo ciertos requisitos.
Además la reforma pretende garantizar a los alumnos que lo deseen recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial.
Para ello, esas autonomías tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano cuando no haya oferta docente pública o concertada "razonable" para los alumnos que deseen ser escolarizados en la lengua oficial del Estado, según consta en el borrador.
Ante esto, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha denunciado que el proyecto es "el mayor ataque al catalán desde 1978" y ha añadido que atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular.
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