El Gobierno español considera desproporcionada la recomendación de la OLAF, la Oficina Europea Anticorrupción, que recomienda la devolución de todo el dinero recibido, 198 millones de euros, tras remitir a Bruselas los informes de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria gijonesa sobre las obras de ampliación.
Una carta enviada el pasado día 11 en la que también se solicita a Bruselas una reunión para analizar todo el expediente del puerto gijonés y concluir si, como ya ha dicho la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, se dieron irregularidades.
En la construcción del nuevo puerto hubo un proyecto modificado sobre el que la Dirección General de Fondos Comunitarios no puede pronunciarse, ya que esa segunda parte no contó con dinero procedente de Europa, según explican fuentes del Ministerio de Hacienda.
Será la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción quienes se encarguen de determinar si se produjeron conductas dolosas.
Hacienda indica que este tipo de procedimientos y trámites son normales, aunque reconoce que en el caso de El Musel se trata de una cantidad económica importante.
Sobre este asunto el presidente de la patronal del transporte, ASETRA, Ovidio de la Roza, considera que el Ministerio de Fomento debe centrar sus esfuerzos en impulsar el puerto de El Musel y asumir la responsabilidad que tenga con respecto a los sobrecostes.
La CE debe autorizar el acceso al informe que ve delito en la ampliación de El Musel
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