Las cuentas de 2017 entran en el Congreso

Los PGE buscan crecimiento económico con guiños a la cohesión social

El crecimiento económico y la salida del protocolo de déficit excesivo centran los objetivos del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 presentado hoy, en el que la inversión pública se ve lastrada y que incluye algunos guiños a la "cohesión social".

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado hoy un presupuesto consolidado -que incluye Estado, Seguridad Social, organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos- que calcula unos ingresos de 292.090,86 millones de euros, un 1,8 % más que en 2016, la mayor parte procedentes de impuestos y cotizaciones sociales.

De hecho, el Gobierno espera una recaudación tributaria récord de 200.963 millones de euros, un 7,9 % más, gracias al aumento de ingresos en todos los impuestos. Tras la cesión a los entes territoriales, los ingresos tributarios del Estado serán de 113.830 millones.

Esta mejora de los ingresos tributarios no procede de subidas de tipos, según ha explicado el ministro, sino del crecimiento económico, que supondrá un 2,5 % este año de acuerdo con el cálculo "prudente" del Gobierno, que ya ha sido superado por el Banco de España.

De hecho, el proyecto presupuestario recoge una reclasificación del IVA tanto para los espectáculos en directo, como ya se había anunciado, como para las gafas y lentes graduadas y las discotecas y salas de fiesta, que también pasan del 21 % al 10 %.

Estos mayores ingresos se dedicarán especialmente a enjugar el déficit público, de manera que pueda cerrar en el 3,1 % del PIB este ejercicio, el último dentro del protocolo de déficit excesivo según los acuerdos alcanzados con Bruselas.

Así, el gasto consolidado no financiero asciende a 318.444 millones, un 1,3 % más, distribuido entre el Estado (un 46,3 % del total), la Seguridad Social (un 40,8 %), organismos autónomos (10,9 %) y otros entes públicos (2 %). Las comunidades autónomas recibirán 99.822 millones como recursos del sistema de financiación, 5.386 millones más.

El gasto social acapara el 56 % del total, con 191.356 millones de euros, principalmente por las pensiones (139.647 millones), que suponen un 40 % del gasto total.

Para garantizar el pago de las pensiones en un momento de déficit de la Seguridad Social, cuyo objetivo para este año es del 1,4 % del PIB, y de progresivo agotamiento del fondo de reserva, el Gobierno ha previsto un préstamo del Estado al sistema por un importe máximo de 10.192 millones, ya que la Seguridad Social no puede emitir deuda.

El gasto no financiero de los ministerios se mantiene en 54.674 millones, en línea con la ejecución de 2016, e incluye tanto la subida del 1 % del sueldo de los funcionarios como la oferta de empleo público que podría alcanzar las 67.000 plazas en el conjunto de las administraciones.

Otra de las medidas recogidas en los Presupuestos es la subida en un 1 % del indicador público de rentas múltiples (Iprem), que se utiliza como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o subsidios y que permanecía congelado en 532,51 euros desde 2011.

Los gastos por intereses de la deuda del Estado en 2017 caen un 3,9 %, hasta los 32.171 millones, mientras que los créditos destinados a políticas de desempleo bajan un 6,6 %, hasta 18.318 millones, y el presupuesto para políticas de fomento del empleo crece un 5,5 %, hasta 5.499 millones.

La inversión pública baja un 2,74 %, hasta 12.867 millones -de los que 7.480 millones corresponden a infraestructuras, un 21,2 % menos-, al tiempo que repunta tanto el presupuesto para educación -principalmente por el impulso a becas y ayudas a estudiantes- como el de lucha contra la pobreza.

Ahora, el Gobierno afronta el reto de sacar adelante este proyecto presupuestario en minoría parlamentaria, aunque Montoro se ha expresado su confianza en que superará las enmiendas a la totalidad y ha apelado al "sentido de la responsabilidad" de todos los grupos para evitar una nueva parálisis.

De hecho, los Presupuestos de este año, ha insistido Montoro, son "un enlace" con los de 2018, cuyos primeros pasos se darán en junio con la aprobación del límite de gasto no financiero, justo en las fechas que previsiblemente las cuentas de 2017 lograrán el aval definitivo.