Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar en la causa contra su mujer

El presidente Pedro Sánchez se querella por prevaricación contra el juez Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este martes a la dispensa legal que le permite no declarar ante un juez como testigo en una causa judicial que se dirige contra su mujer, Begoña Gómez, según informan fuentes jurídicas.

Sánchez ha comparecido en el edificio de la Vicepresidencia, en la Moncloa, en calidad de testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su pareja por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en una causa abierta por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias y en la que figuran otras acusaciones como Vox o la organización ultracatólica Hazteoír.

El jefe del Ejecutivo ha transmitido al juez durante su comparecencia que se acoge al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a cualquier persona citada como testigo en un procedimiento judicial de declarar en contra de su cónyuge, según las fuentes.

Dicho artículo se aplica a "los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil".

La comparecencia, según las fuentes consultadas, ha durado unos veinte minutos.

La citación del jefe del Gobierno estaba prevista a las once de la mañana. Cuarenta minutos antes, el juez entraba a las dependencias del complejo de la Moncloa en un Renault Clio de color azul, junto a otras tres personas que han integrado la comitiva judicial.

Además de él, han asistido a la comparecencia -la primera de un presidente del Gobierno como testigo desde la Moncloa- el fiscal, los abogados de las defensas y Vox, en representación de las cinco acusaciones populares.

El juez acordó trasladarse a la residencia oficial del presidente del Gobierno al apelar el magistrado a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que da la posibilidad de tomar declaración a determinados altos cargos en su residencia o despacho oficial si esta versa sobre cuestiones ajenas a su puesto.

Una decisión que combatieron sin éxito la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que no ven utilidad ni justificación en la citación de Pedro Sánchez.

El propio presidente, en un escrito dirigido al juez en el que mostró su voluntad de colaborar con la justicia, aludió a otro artículo de la misma ley, el que fija que la declaración debería haber sido por escrito por razón de su cometido como presidente del Gobierno.

"Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno", señaló.

El juez Peinado acordó citar a Sánchez como "esposo de la investigada" el mismo día que su mujer se acogió a su derecho a no declarar como imputada, y lo hizo a petición de las acusaciones populares coordinadas por Vox, que querían saber la versión del presidente sobre las reuniones que mantuvo Begoña Gómez con empresarios como Juan Carlos Barrabés, en la Moncloa, según este mismo declaró.

El presidente Pedro Sánchez se querella por prevaricación contra el juez Peinado

La Abogacía del Estado ha presentado este martes, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Pedro Sánchez, una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a su mujer, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La querella pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al juez Peinado por presunta prevaricación, al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".

La presentación de la querella se justifica en "la necesidad de defender" la institución de la Presidencia del Gobierno frente a "las actuaciones puntuales" del juez Peinado, sin que esto suponga "un ataque al poder judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente".

Una arbitrariedad, continúa, dirigida "respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, todo lo que parece explicar el injusto proceder del magistrado".

El juez despojó al presidente de las garantías legales

La Abogacía del Estado cree que Peinado prevaricó en dos resoluciones, entre ellas la que citó este martes como testigo en La Moncloa al jefe del Ejecutivo, al considerar que le despojó "de las garantías que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882" y sin "explicación alternativa".

Porque, según la Abogacía, el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid no debió acudir a La Moncloa a interrogar al jefe del Ejecutivo, sino permitirle declarar por escrito, como dicta la ley para comparecencias que giren en torno a cuestiones conocidas por razón de su cargo.

"No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de Presidente de Gobierno del marido de la investigada", dice.

La Abogacía subraya que el juez Peinado ya determinó en una resolución que investigaba a Begoña Gómez por los actos y conductas llevadas a cabo desde que Sánchez es presidente del Gobierno y que denunció el autodenominado sindicato Manos Limpias, de modo que no entiende cómo le citó en calidad de "esposo de la investigada", fórmula que justificó que el juez acudiese a la Moncloa.

No se investiga un delito contra la seguridad vial, explica la querella, sino uno en el que el "prevalimiento solo aparece en relación con una autoridad, no con otro tipo de esposos".

La Abogacía cuestiona "qué pregunta concreta cabe hacer" al testigo respecto a hechos que conozca y que no sean "por razón de su cargo" y no le parece "posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación" que pudiese saber si no es teniendo relación con su cargo.

Recuerda que "el conjunto normativo" responde a la "necesidad de respetar las instituciones representativas", pero también habla de "impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales".