El Supremo abre una causa al fiscal general por difundir información del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado seguirá en su cargo pese a haber sido imputado por el Supremo

El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota de prensa. Aunque ella no es aforada, sus comportamientos guardan una conexión que impide investigarlos por separado.

El empresario González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, en concreto sobre la oferta que hizo a la Fiscalía en la que se declaraba culpable de dos delitos fiscales.

Tras asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo y ahora, en contra del criterio de la número 2 del Ministerio Público, acuerda la apertura de una investigación penal contra el fiscal general, según el auto de la Sala de lo Penal, hecho público este miércoles.

En su auto, la Sala recoge que, de la exposición razonada enviada por el TSJM, así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid por la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial, el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación a la pareja de Díaz Ayuso.

Se trata de determinar si, desde su condición de autoridad o funcionario público, revelaron secretos o informaciones de carácter reservado que conocieron en el ejercicio de su cargo.

Correos revelados antes de la nota de prensa

La Sala ha analizado la nota informativa para determinar si se incurrió en la conducta de "revelar”, esto es, "poner en conocimiento de un tercero, ya sea en forma oral, escrita o de cualquier otro modo -también permitiendo el acceso ajeno al soporte que contiene la información- algo que el tercero no conocía previamente y que no estaba legitimado para conocer".

Respecto al contenido de la "nota controvertida", los magistrados observan que, "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos".

Sin embargo, de la instrucción del TSJ y en concreto de la declaración del fiscal de Delitos Económicos, que llevaba el asunto, Julián Salto, "se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial (…)”.

La Sala expone que las informaciones contenidas en esa nota ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios de comunicación los días 12 y 13 de marzo.

En concreto, de la existencia de un correo electrónico del abogado del investigado, de fecha 2 de marzo de 2024, dirigido a la Fiscalía provincial de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota e intereses de demora.

Sobre esos datos que difundió la Fiscalía, el 11 de junio de 2024, García Ortiz asumió su responsabilidad a través de un escrito al TSJM en el que aseguraba que la publicación de es nota no se hubiera producido sin su autorización y sin sus instrucciones expresas y directas.

Ahora, el Supremo considera que procede investigar "cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa".

Posible perjuicio al derecho de defensa del novio de Ayuso

En cuanto al posible perjuicio causado, la Sala considera que, en este momento inicial resulta difícil de fijar, pero "al menos indiciariamente", puede afectar al derecho de defensa del novio de Ayuso, porque su confesión "se trataba de una propuesta reservada".

En consecuencia, el tribunal considera que "deben incoarse las oportunas diligencias de investigación, con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación indiciaria de los querellados en los mismos".

La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela, y ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.

Hurtado es conocido por su voto discrepante con la sentencia del caso Gürtel donde defendió que el PP no era conocedor de la trama y debía por tanto ser absuelto como partícipe a título lucrativo de los beneficios de la red que lideraba Francisco Correa.

El fiscal general del Estado seguirá en su cargo pese a haber sido imputado por el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado que continuará en su cargo tras ser imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz seguirá al frente de la institución, una vez que la Sala de lo Penal ha abierto una causa penal después de que González Amador, investigado por presunto fraude fiscal en un juzgado de Madrid, presentase una demanda en el Tribunal Superior de Justicia por la difusión de datos a medios de comunicación sobre su procedimiento, cuya responsabilidad asumió el fiscal general.

"En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado", dice García Ortiz en un comunicado.

Pese a ser "consciente de la repercusión pública de la noticia" y admitir que esto afectará a los fiscales de nuestro país, defiende que es "la ponderación de estas circunstancias" lo que le persuade para seguir ejerciendo plenamente su atribuciones legales, "con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho".

De esta forma, ha convocado para mañana a las 09.30 horas a la Junta de Fiscales de Sala y a las 16.00 horas al Consejo Fiscal "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos".

García Ortiz explica que la apertura de un procedimiento por el Supremo "impone la máxima prudencia" en su pronunciamiento como fiscal general "a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia o una influencia a los magistrados".

Sin embargo, destaca que "la atribución de la condición de investigado al fiscal general es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión, sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar" en la futura actuación del Ministerio Fiscal y en la Justicia española.

En su opinión, descarta que se trate de un asunto particular, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional.

Recuerda que la ley atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, "más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes".

Lejos de dimitir, subraya que su condición de investigado le "permitirá que pueda ejercitar plenamente" su "derecho de defensa", toda vez que "la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo".

El Gobierno defiende la "profesionalidad y honorabilidad" del fiscal tras su imputación

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles "la profesionalidad y la honorabilidad" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal contra él por un delito de revelación de secretos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Montero ha afirmado que García Ortiz "solo y exclusivamente" defendió a la Fiscalía de una "mentira" lanzada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que a su pareja le había ofrecido un pacto la fiscalía en el marco del procedimiento abierto por presunto fraude fiscal.

"Yo defiendo no solo la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España", ha manifestado.

El PP exige la dimisión inmediata del fiscal general del Estado

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión ya, en la mañana de este miércoles, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras abrir el Supremo una causa penal en su contra.

"No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país", ha afirmado la número dos del PP en declaraciones ante los periodistas en el Congreso.

Sin embargo, el fiscal general ha anunciado en un comunicado que no renunciará, "en el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo".

El Tribunal Supremo ha abierto causa contra García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La secretaria general de los populares ha sostenido que la causa abierta contra el fiscal general se suma "al infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan a este Gobierno y a todo lo que le rodea".

Y tras recordar que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en tribuna que el presidente del Gobierno se vaya, acusándole de ser el "número uno de la trama" del caso Koldo, a lo que ha agregado: "Váyanse los dos, no pueden seguir manchando las instituciones y comprometiendo el normal funcionamiento de la justicia en nuestro país".

El principal partido de la oposición ha argumentado que la Fiscalía es la encargada de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y que el fiscal general debe atenerse a los principios de legalidad y neutralidad, por lo que solo cabe su dimisión.

Además, el PP se ha comprometido a reparar el "daño" que, ha denunciado Gamarra, el Gobierno ha infligido en las instituciones.