La Conferencia de Presidentes acaba en Santander sin acuerdos concretos

Sánchez impulsa la quita de la deuda con el rechazo del PP

La XXVII Conferencia de Presidentes celebrada este viernes ha acabado sin acuerdos, como temían la mayoría de participantes antes de viajar a Santander, y con el PP unido contra la intención de Pedro Sánchez de negociar la condonación de la deuda autonómica al margen de la reforma del modelo de financiación.

Aunque en las declaraciones institucionales previas al plenario tanto el jefe del Ejecutivo como la anfitriona, la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, han hecho votos por un encuentro constructivo, las declaraciones finales de los asistentes han dejado patente la decepción por la falta de concreción en una cita que comenzó con un desayuno con el rey.

Entre los presidentes, apenas el catalán, Salvador Illa, que ha propuesto y conseguido que la próxima reunión sea en Barcelona, ha considerado un "éxito" la cumbre.

Igual que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que incluso ha visto algunos "grandes éxitos", como el anuncio del presidente del Gobierno de convocar en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la condonación de la deuda autonómica, "que la mayoría -ha asegurado- aplaude".

De hecho, preguntado por si compartía la sensación de "fracaso" de varios presidentes autonómicos, ha contestado: "La verdad es que no. Salgo más contento de como entré".

Para los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP, mayoría en la cumbre, Sánchez los citó en el Palacio de la Magdalena dos años y nueve meses después de la última Conferencia, celebrada en La Palma, sin voluntad de acuerdo, solo porque le presionaron. Faltó planificación y no hubo borradores de posibles pactos sobre los que debatir.

"Una mera puesta en escena", ha manifestado el andaluz Juanma Moreno; "una oportunidad perdida", ha señalado el canario, Fernando Clavijo; "nos vamos con las manos vacías", ha coincidido el murciano Fernando López Miras.

Cita en enero para hablar de la quita de la deuda

Ante el anuncio de Sánchez de convocar en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la deuda, los presidentes populares han coincidido en que abordar la quita al margen de la negociación del nuevo modelo de financiación responde solo al interés de los socios del Gobierno, ya que el pacto con ERC incluía la condonación parcial de un 20 % de la deuda catalana con el FLA (unos 15.000 millones).

"Que no cuenten conmigo", ha señalado el presidente aragonés, Jorge Azcón. Sánchez, ha apostillado la presidenta cántabra, es "reo de sus socios".

Tajante ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la única que no participó en la ronda de contactos con los dirigentes autonómicos que celebró Sánchez en Moncloa.

Ayuso se ha mostrado en contra de condonar deudas a las comunidades salvo a la valenciana, y ha exigido que se respete su autonomía fiscal frente a las "amenazas" del Gobierno de que van a "freír a impuestos" a la región.

Para Juanma Moreno, el Gobierno ha confirmado que habrá bilateralidad en la financiación autonómica y que usará la quita de la deuda como "parche", mientras que para López Miras se trata de un "caramelo envenenado".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su "cabreo" al considerar que la deuda "no es el problema" y generaría desigualdad. Supone, a su juicio, "perdonar la deuda que han generado los separatistas" y que sea pagado por parte de "todos los españoles".

Serán castigadas las comunidades que mejor han gestionado, han denunciado.

Frente a los populares, el catalán Salvador Illa ha defendido el modelo catalán de financiación singular pactado con ERC como "el modelo de la solidaridad" y ha advertido de que no aceptará "lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal", en referencia a las comunidades del PP que bajan impuestos.

Fuera de esa posible condonación, el lehendakari ha pedido que se estudie el impacto que pueda tener para el Concierto Económico vasco y la presidenta navarra, la socialista María Chivite, ha considerado que, si hay quita, su comunidad también debería salir beneficiada.

Sobre financiación autonómica, el ministro Torres ha destacado que hoy tampoco ha habido por parte de las comunidades del PP "una propuesta de financiación conjunta con criterios compartidos", sin la que considera "complicado" conseguir un sistema actualizado.

Plazos para conseguirlo han puesto el jefe del ejecutivo de Murcia, que ha planteado un año para que se presente una propuesta con un nuevo modelo, y Emiliano García-Page, que ha sugerido tres meses para que el Gobierno presente un borrador marco sobre la reforma.

Crisis migratoria sin respuesta

Con las negociaciones para reformar la ley de extranjería estancadas, el presidente canario y el lehendakari han propuesto un reparto puntual y extraordinario de menores migrantes no acompañados en el plazo de tres meses y basado en cinco indicadores objetivos, pero se han ido también sin respuesta concreta.

Varios presidentes autonómicos, aunque han asegurado que su capacidad de acogida está ya desbordada, han pedido tiempo para estudiar la propuesta que han recibido durante la cumbre.

Y a eso se han agarrado Clavijo y Pradales. No ha habido un rechazo frontal a su iniciativa para lograr una distribución equilibrada de estos menores y ello, en palabras del vasco, "abre un hilo a la esperanza".

Blindar la vivienda pública y aplicar la ley vigente

El Gobierno central quería que el asunto principal de la cumbre fuera la vivienda y Sánchez ha traído propuestas, pero ha exigido también que se aplique la ley vigente, diseñada para intentar controlar el alza de los alquileres, y ha defendido la reforma de la ley del suelo, parada en el Congreso ante la falta de apoyos.

El jefe del Ejecutivo ha planteado a los presidentes blindar de forma "permanente e irreversible" el carácter publico y social de las viviendas financiadas con recursos públicos.

En esa línea, el asturiano, Adrián Barbón, o la navarra Chivite han defendido la ley estatal de vivienda, y el castellano-manchego, Emiliano García Page, ha pedido al PP que "ayude a desbloquear" la ley del suelo, al tiempo que ha sugerido que se destinen terrenos de Defensa y de la Tesorería General de la Seguridad Social para construir vivienda pública.

Los presidentes autonómicos del PP, mayoritarios, han denunciado falta de concreción en las medidas anunciadas y han reiterado sus propuestas, como reducir la fiscalidad en la compra de primeras viviendas, simplificar la normativa y la burocracia, aumentar la disponibilidad del suelo y combatir la ocupación.

Alerta general ante el déficit de personal sanitario

Otro de los anuncios de Sánchez ha estado centrado en el déficit de personal sanitario.

Ha avanzado que el Estado transferirá a las comunidades 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 y que consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, siempre y cuando exista un compromiso firme de las comunidades para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación.

Ante su oferta, varios dirigentes autonómicos le han instado también a agilizar la homologación de títulos de especialistas formados en el extranjero y aumentar la oferta de plazas MIR, o también los recursos para las comunidades.

Han mostrado además su preocupación por la situación con Muface y han alertado de la repercusión que tendría en los servicios públicos de salud tener que absorber a los funcionarios que atiende la mutualidad.

¿Más ayudas para Valencia?

El presidente valenciano, Carlos Mazón, también ha denunciado que salía de la cumbre "sin respuestas".

Según ha explicado, ha habido una propuesta por parte del presidente del Gobierno para canalizar ayudas especiales a Valencia tras la dana, pero ha lamentado que su "única solución haya sido quitar fondos europeos al resto de comunidades para dárselos a Valencia".

Varios presidentes han criticado en este contexto que Sánchez no les hubiera trasladado con antelación ese plan. Si lo hubiera hecho, ha asegurado el aragonés Azcón, habría habido acuerdo seguro.