Arranca el primer macrojuicio de la trama Gürtel contra 37 acusados

Varios de los acusados pedirán la nulidad de las grabaciones

El primer macrojuicio de Gürtel arranca hoy en la Audiencia Nacional con la fase de cuestiones previas, en la que algunos de los 37 acusados expondrán la nulidad de las pruebas contra ellos, como la de la grabación que destapó la trama y de las escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón entre abogados e imputados en prisión.

El rechazo a la recusación planteada para apartar del tribunal al magistrado José Ricardo de Prada ha despejado ya todos los posibles obstáculos para permitir el comienzo hoy del juicio a la red de corrupción 7 años y medio después de ser desarticulada.

Las dos primeras jornadas del juicio -hoy y mañana- estarán enteramente dedicadas a las cuestiones previas, es decir, peticiones referidas al procedimiento que plantearán las partes.

Según fuentes jurídicas, varios de los acusados, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, pedirán la nulidad de las grabaciones hechas por el delator de Gürtel, José Luis Peñas (también acusado), al presunto cabecilla, Francisco Correa, por considerarlas ilegales.

También plantearán esa nulidad de las escuchas en la cárcel entre imputados y letrados que ordenó Garzón y que le supusieron su inhabilitación por el Tribunal Supremo.

Otras de las cuestiones previas que levantarán interés serán las referidas a la autorización por parte de la justicia suiza a que la española use los datos que facilitó sobre cuentas bancarias de algunos acusados.

En Suiza fue adonde, según la Fiscalía, Bárcenas se llevó el dinero que acumuló de comisiones por interceder en adjudicaciones a la red mafiosa (al menos 1,2 millones) y el que sustrajo de la "caja B" del partido (unos 300.000 euros), y donde llegó a acumular 48,2 millones.

El país helvético autorizó en su día a España a usar la documentación que envió sobre Bárcenas, el líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y otros imputados, para acusarlos de delitos de "escroquerie" relacionados con delitos fiscales, lo que en la legislación española sería comparable con el delito de fraude.

Esta decisión la recurrieron algunos imputados y la justicia suiza decidió suspender la autorización a usar los datos hasta que se resuelva el recurso planteado ante el Tribunal Penal Federal, pendiente aún de respuesta.

De esta manera, las defensas alegarán que la justicia española no puede utilizar esos datos, ni para delitos de corrupción como el fraude ni para delito fiscal.

La anulación de esos documentos enviadas por Suiza supondría echar por tierra parte de la prueba de la Fiscalía Anticorrupción contra los defraudadores de la trama Gürtel.

Todas estas cuestiones se plantearán mañana en un juicio que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), la única capaz de acoger macroprocesos como este, que coincidirá con la cuarta jornada del juicio de las tarjetas opacas de Caja Madrid con 64 acusados.

Se espera que unos 200 periodistas de 65 medios acreditados se congreguen en la Audiencia Nacional para ver desfilar a los acusados en ambos juicios (alrededor de 100) con sus respectivos abogados,

Los 37 acusados suman una petición de pena total de 732 años de cárcel por parte de la Fiscalía, la mayor para el presunto "capo" de Gürtel, Francisco Correa (125 años), que ha buscado en el último momento una atenuante de reparación del daño y ha dado autorización a su banco en Suiza para abonar la responsabilidad civil (2,2 millones de euros) que le reclama Anticorrupción.

Bárcenas se enfrenta también a una elevada petición de cárcel (42 años) en el que será su primer juicio por su actividad irregular en el PP y que le llevó a estar 19 meses en prisión preventiva.

Otro extesorero, Ángel Sanchís, se sentará con ellos por ayudarles supuestamente a repatriar el dinero de sus cuentas en Suiza, junto al exconsejero madrileño Alberto López Viejo, al que la Fiscalía pide 46 años de cárcel por cobrar al menos 448.870 euros de Gürtel; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que se enfrenta a 50 años, o el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, al que le piden 15 años.

La implicación de Sepúlveda en la trama ha arrastrado también a este juicio a su exmujer, que deberá responder como partícipe a título lucrativo por los regalos que recibió de la trama en forma de viajes o fiestas para sus hijos.

En la misma situación se encuentra el PP, que como persona jurídica también se le ha considerado partícipe a título lucrativo de los beneficios que obtuvo de la trama en Pozuelo y Majadahonda.