El juez pide al Supremo que investigue a Barberá por blanqueo de capitales

Considera que las explicaciones que ha dado hasta ahora no excluyen su posible implicación

El juez del caso Imelsa que investiga si hubo blanqueo en el PP de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo la parte que afecta a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá, ya que considera que las explicaciones que ha dado hasta ahora no excluyen su posible implicación y el juzgado no es competente sobre aforados.

Esta decisión se ha conocido el mismo día en que otro juez de Valencia ha enviado también al Supremo la causa abierta contra Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de la ciudad, incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que se encarga del caso Imelsa, subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas municipales, María del Carmen García-Fuster, principal investigada en esta pieza separada.

La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas investigadas, más el PP como persona jurídica, e investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Antes de elevar la causa al Supremo, el juez ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, si bien negó el reintegro.

El instructor considera que, dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de mil euros por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar la exposición al Supremo.

Aunque ni las dos investigadas (imputadas) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han hecho una acusación concreta sobre la participación de la exalcaldesa, el juez detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la actual senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, García-Fuster.

Según el TSJCV, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada.

Esta, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

Preguntada por la decisión del juez del caso Imelsa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha remitido al expediente abierto por el partido ante el supuesto blanqueo del PP valenciano y a la actuación del Supremo para tomar decisiones en relación con Barberá.

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha pedido al PP que saque a Barberá de la Diputación Permanente, para que si hay elecciones no esté aforada y pueda ser juzgada por la justicia ordinaria, mientras el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha pedido a la exalcaldesa que renuncie a su acta de senadora territorial "inmediatamente" para "dejar de desprestigiar" a los valencianos.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha exigido a la dirección del PPCV una actuación "contundente" sobre Barberá y desde Podemos, su portavoz en el Senado, Ramón Espinar, se ha mostrado convencido de que el Supremo solicitará el suplicatorio para Rita Barberá; entonces, ha augurado, el PP tendrá que decidir "si levanta o no" su aforamiento como senadora.

Poco después de conocerse esta decisión judicial, el TSJCV hacía público un segundo envío desde los juzgados de Valencia hacia el alto tribunal que afectaba a Barberá.

La instructora de la causa abierta por una denuncia contra la exalcaldesa por incumplir la Ley de la Memoria Histórica ha remitido una exposición razonada para que sea el Supremo quien decida si investiga y, en su caso, juzga a Barberá.

La jueza no se ve competente para pronunciarse sobre si admite o no a trámite la denuncia por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa.