Gómez Bermúdez investiga el sobrecoste en las obras del Musel

La Fiscalía solicita documentación sobre los contratos y las entidades que participaron

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha aceptado investigar, como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, las supuestas irregularidades cometidas en las obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel, que costaron 800 millones, un 40 por ciento más que el presupuesto inicial.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto en el que abre diligencias a partir de una denuncia que presentó la Fiscalía contra los representantes y administradores de la UTE adjudicataria de las obras, Dique Torres, y de los representantes y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Para el juez, esa denuncia presenta "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y por ello ordena una serie de diligencias (pide documentación a la Autoridad Portuaria, a la UTE y a Hacienda) encaminadas a analizar si se cometieron varios delitos de corrupción en esa obra pública.

Las obras, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.

Estas irregularidades fueron denunciadas en un primer momento ante la Audiencia Nacional por la asociación Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (OCAN) y la Fiscalía abrió luego su propia investigación, que acabó con la denuncia que ha recaído ahora en el juez Bermúdez.

Según ha informado hoy la Fiscalía General del Estado, la denuncia de Anticorrupción se dirige contra los representantes y administradores de la UTE y los de la Autoridad Portuaria de Gijón, y se basó a su vez en una denuncia formulada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que determina graves irregularidades, incluso fraude, en el proyecto.

Tras practicar varias diligencias, Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.

La Fiscalía sospecha que funcionarios de la Autoridad Portuaria se pudieron concertar con la UTE para entregarle indebidamente fondos públicos, que la adjudicataria pudo haber engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales que se usaron en las obras y que se pudieron haber emitido facturas falsas para reclamar dinero público.

También cree que la adjudicataria pudo simular gastos que en realidad no existieron y emitido documentos para entregar fondos públicos a particulares sin justificación, e investiga asimismo si la Autoridad Portuaria adjudicó arbitrariamente el contrato a la UTE.

Tras recibir esta denuncia de Anticorrupción, Gómez Bermúdez ha abierto una investigación y ordenado las diligencias pedidas por la Fiscalía, con la finalidad de determinar "la naturaleza y circunstancias de los hechos ni las personas que en ellos han intervenido".

Así, pide a la Autoridad Portuaria de Gijón que le entregue el expediente de contratación de "Ampliación del Puerto de Gijón" y que certifique quiénes eran los miembros de ese ente público y de su consejo de administración, así como lo del organismo Puertos del Estado, en las fechas en que se produjeron los hechos (las obras se llevaron a cabo entre 2005 y 2011), y qué cargos ostentaban.

También reclama a la Autoridad Portuaria que remita los documentos que tenga de las relaciones mantenidas con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín, que explotan canteras usadas en las obras.

A la UTE Dique Torres le reclama los registros contables y la documentación referente al contrato de ampliación del puerto y también los documentos de las relaciones con Hidrocantábrico respecto a la cantera de Aboño y de Tudela Veguín respecto de las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.

Asimismo, el juez pide a la Intervención General de la Administración del Estado, organismo dependiente de Hacienda, los informes y resoluciones dictados por la Comisión Europea en torno a esta adjudicación, y finalmente ofrece a la Abogacía del Estado que emprenda acciones para que pueda reclamar el dinero que le corresponda como perjudicada.