Recaudación récord y más empleo en unos presupuestos para cumplir el déficit

El Consejo de Ministros aprueba los PGE 2017

El Gobierno ha aprobado hoy un proyecto de presupuestos para 2017 que recoge una recaudación tributaria histórica, mejora la previsión de desempleo, aumenta el empleo público, sube la financiación a las autonomías e incrementa algunas partidas sociales, sin desviarse del objetivo de déficit.

El Gobierno fía la corrección del déficit público hasta el 3,1% del PIB a la buena evolución de la economía, que crecerá el 2,5%, el mismo ritmo al que aumentará el empleo, lo que permitirá cerrar el año con 3.780.000 desempleados, una cifra que no se veía desde finales de 2008, según las previsiones macroeconómicas actualizadas hoy.

Los presupuestos cuentan con un límite de gasto de 118.337 millones de euros, 1.614 millones superior al ejecutado en 2016, si bien los datos presentados por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no explican de dónde salen los 4.087 millones pactados con Ciudadanos en partidas sociales e inversión.

Dentro del gasto, Hacienda ha destacado que la financiación de las comunidades autónomas aumenta en 5.387 millones y que habrá 100 millones más para dependencia, otros 100 para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y 342 millones para la protección a la familia y la lucha contra la pobreza infantil.

Además, aumentan un 7,6% los recursos para la justicia, un 1,7% las becas y programas de refuerzo escolar, un 5,5% las políticas activas de empleo y un 4,1% la I+D+i.

En el capítulo del gasto se incluye también el préstamo que el Estado concederá a la Seguridad Social para garantizar el cobro de las pensiones, toda vez que el fondo de reserva se está agotando.

Ha dicho Montoro que esta operación no implicará un incremento del nivel de deuda pública del país, que -por otro lado- costará más caro financiar este año, según el nuevo cuadro macroeconómico.

Por el lado de los ingresos se espera una recaudación récord de 200.963 millones, un 7,9% más que en 2016, y en línea con los 200.676 millones que se ingresaron en 2007, antes de la crisis, si bien en la composición actual pesa más la recaudación del IVA, el IRPF y los impuestos especiales que la del impuesto de sociedades.

Montoro ha reconocido que tras cinco años consecutivos de caída económica se han deteriorado las bases imposibles sobre las que tributan las empresas, pero que una vez que la recuperación se está consolidando, el Gobierno ha adoptado medidas para aumentar la recaudación del impuesto de sociedades.

No hay novedades impositivas en el proyecto presupuestario, salvo la bajada del IVA al tipo reducido del 10% para los espectáculos culturales en vivo y las corridas de toros, una medida que se ampliará al cine "cuando la senda del déficit lo permita", ha apuntado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

El Ejecutivo ha renunciado por el momento a tocar la fiscalidad medioambiental y a poner en marcha el anunciado impuesto sobre las bebidas azucaradas, tras haber constatado la preocupación de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).

De acuerdo con la presentación de Montoro, estas cuentas servirán para alimentar el crecimiento económico y la creación de empleo, con especial énfasis en el gasto social, un empleo público estable y unos servicios públicos de calidad, así como con las políticas económicas necesarias para que las Administraciones Públicas puedan cumplir el déficit y en el año 2018 España salga del procedimiento de déficit excesivo de la UE.

Para avanzar en la estabilidad del empleo público, los presupuestos reconocen una tasa de reposición del 100% a un mayor número de colectivos, una decisión que se enmarca en el acuerdo con los sindicatos para consolidar en tres años 250.000 plazas ocupadas por interinos.

El aumento de la tasa de reposición dará lugar a una Oferta de Empleo Público de 67.000 plazas, de las que hoy han adelantado a través de un decreto-ley la convocatoria de 7.969 plazas para la educación, las fuerzas armadas, la policía y la guardia civil.

La norma también habilita a las comunidades autónomas a que convoquen sus plazas de docentes, que según los cálculos de Hacienda, alcanzarán 10.000 en el ámbito no universitario y 1.500 en el universitario.